En el centro cívico de La Granja, como ya se explicó en su momento, estuvieron la directora general de Planificación y Participación de la Consejería, Isabel Comas Rengifo y de la directora provincial de la Agencia en Cádiz, Silvia López Gallardo.
La primera de las dos ponencias con las que contó el acto corrió a cargo de Bartolomé Andreu Navarro, profesor de hidrogeología de la Universidad de Málaga y versó sobre Las masas de agua subterráneas en la demarcación Guadalete y Barbate.
La segunda, centrada en la presentación del proyecto del Plan hidrológico de esta demarcación fue pronunciada por Manuel Rodríguez López, jefe del servicio de Planificación Hidrológica.
Dicha jornada se enmarca en el inicio del proceso de participación pública del referido Plan Hidrológico del distrito Guadalete-Barbate, que se encuentra, desde el pasado día 22 de mayo y hasta el 22 de noviembre, en período de exposición pública.
Durante los próximos seis meses, por tanto, la Consejería de Medio Ambiente realizará una serie de actividades con el objetivo de reforzar la participación ciudadana a través de acciones de información sobre el documento que es técnicamente muy complejo, así como talleres y jurados ciudadanos.
Este proceso se encamina a la obtención de un plan definitivo (se trabaja sobre un borrador) donde la participación y las aportaciones que de ella se deriven culminen el enrome trabajo de tres años de duración llevado a cabo por multitud de técnicos, que han tomado en consideración el resultado de las jornadas de participación realizadas y las aportaciones recibidas en ese período.
El proceso que ahora se inicia cuenta con varios espacios de participativos en la provincia, que seguirán a la jornada informativa de Jerez .
Está previsto, por ejemplo, la creación de un Jurado Ciudadano en el que los ciudadanos podrán opinar y alegar a la planificación.
Antes, diversos talleres informativos informarán al público en general, asociaciones y entidades interesadas sobre el contenido y los objetivos del proyecto, recordarán el período de consulta pública e informarán sobre las distintas formas de participar y el calendario de las actividades previstas.
Con respecto al mencionado jurado, comentar que se constituirá los días 8 y 9 de octubre.
Para finales de ese mismo mes está previsto celebrar el Taller Territorial en Jerez.
De julio a septiembre se mantendrán encuentros bilaterales con colectivos interesados y entre los meses de septiembre y octubre se celebrará la concertación.
Además, durante el período de consulta pública el proyecto del Plan Hidrológico estará disponible en la sede de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz, así como en la web de la Consejería de Medio Ambiente, a través de la siguiente ruta de acceso: Agencia Andaluza del Agua > Participación > Información Pública > Proyectos sometidos a información pública relacionados con el agua.
Con este proceso, la Junta de Andalucía continúa con la amplia consulta a la ciudadanía como ya ocurriese con la elaboración de los esquemas de Temas Importantes (ETI), un documento que sirvió para sacar a la luz aquellas cuestiones que ponían en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los Planes Hidrológicos.
El ETI tuvo también un período de consulta pública de 6 meses y hoy se da por definitivo el documento que se sometió a dicho proceso.
ámbito territorial
El ámbito de aplicación del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate, se describe en el Decreto 357/2009, de 20 de Octubre de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía. A diferencia del ámbito de planificación del anterior plan hidrológico, en éste son incluidas las aguas de transición y costeras, además de las aguas continentales (superficiales y subterráneas), en busca de la gestión y protección integrada de las aguas.
Según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 357/2009, la Demarcación “Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y Barbate e intercuencas entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el límite con la cuenca del Guadalquivir, así como, las aguas de transición a ellas asociadas.
Las aguas costeras comprendidas en esta demarcación hidrográfica tienen como límite oeste la línea con orientación 244º que pasa por la Punta Camarón en el municipio de Chipiona y como límite este la línea con orientación de 144º que pasa por el límite costero de los términos municipales de Tarifa y Algeciras”.
La Demarcación queda configurada y delimitada por el Valle del Guadalquivir al Norte, el extremo occidental del subsistema subbético en la parte oriental y el océano Atlántico al Sur y al Oeste. La superficie asciende a 5.969 km2 que pertenecen en su mayor parte a la provincia de Cádiz (93,9%), con pequeñas fracciones en Málaga (2,7%) y Sevilla (3,5%).
El origen, en la Directiva Marco del Agua
Aunque en el caso de España, la planificación y gestión por cuencas tienen una amplia tradición, la Directiva Marco del Agua introdujo importantes novedades, entre ellas, la protección de los ecosistemas como un objetivo principal, el principio de repercutir los costes de la gestión de los servicios del agua a los usuarios como medio para incentivar políticas de racionalidad en el uso del agua y la participación pública como elemento imprescindible en los procesos de planificación y gestión.
Con ello la nueva planificación se debe sustentar en una serie de acciones clave que permitirán alcanzar objetivos de la planificación, entre ellos, integrar las aguas continentales, de transición y costeras en cuanto a su protección; lograr la coordinación y cooperación entre las administraciones competentes en la demarcación
hidrográfica, a través de sus órganos de cooperación y gobierno; promover una fuerte participación pública en el proceso de toma de decisiones; centrar esfuerzos en el establecimiento de caudales ecológicos y recuperación y restauración de cauces y riberas; concienciar a los usuarios de la necesidad del aprovechamiento óptimo del agua y de la consideración de las necesidades ambientales; fundamentar los programas de medidas en los análisis económicos de coste-eficacia y establecer una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y sostenible de los recursos, entre otras medidas no aplicadas con anterioridad.
