Desde que la alcaldesa asegurase en comparecencia pública el 28 de mayo de 2009 que el Ayuntamiento sería “más eficaz, ágil y próximo” porque los jerezanos iban a “adquirir un protagonismo que nunca han tenido en la toma de decisiones de los asuntos de interés general”, han pasado veinte meses sin que se haya dado un solo paso en esa dirección.
Esa participación debería haberse concretado a través de tres acciones concretas.
En primer lugar, mediante las juntas de distrito local; mediante la creación de un consejo social de la ciudad, en el cual debería haber una representación de las organizaciones y asociaciones más representativas de Jerez. En este órgano, debería haberse debatido cualquier acción que, decidida por el Ayuntamiento, afectase de una manera importante al conjunto de los vecinos. Este era el órgano en el que deberían haberse producido los informes oportunos que determinarían si la iniciativa en cuestión contaba con más o menos respaldo popular.
Y, en tercer lugar, debería haberse concretado también con la creación de una junta de reclamaciones con la presencia política y vecinal necesaria.
Han pasado 20 meses y no ha sido hasta hace poco menos de una semana cuando se ha iniciado el proceso de elaboración del reglamento de uno de esos órganos, el Consejo Social de Jerez.
A estas reuniones, convocados por la delegada de Participación Ciudadana, Miriam Alconchel, solo han acudido dos de los tres grupos municipales invitados, Izquierda Unida y el PSA. El PP, declinó esa invitación a participar en la redacción del borrador.
El Consejo Social de Jerez, una entidad que viene a sustituir al Observatorio Ciudadano y al Consejo Económico y Social es, tal y como queda definido en su artículo primero, “un órgano consultivo de participación, amplio y plural, cuyo objetivo se centra en debatir, informar y asesorar al gobierno municipal, organizaciones e instituciones, sobre las líneas estratégicas de la ciudad, principalmente las que inciden en el desarrollo estratégico, económico, social y cultural de nuestra ciudad”.
Participación de los grupos
En la redacción del borrador de este reglamento han participado, como se ha dicho, el PSA e IU, que han aportado algunas ideas al contenido del mismo y que han modificado, en parte, su composición, dado que por iniciativa de IU solo lo formarán entidades sociales y vecinales, quedando excluidos los grupos políticos.
Charo Rodríguez, concejal del PSA explicó que este órgano vendría a sustituir a un CES que “a pesar de que todavía no está disuelto, desde el Gobierno municipal no se ha hecho absolutamente nada para que siguiera funcionando” en estos casi dos años de transición.
La concejala del PSA resaltó que en todo ese tiempo “se ha avanzado bastante poco” en el desarrollo de aquellos aspectos vinculados a la participación ciudadana de la Ley de Municipios de Gran Población, si bien ahora “hay bastante prisa” por sacar este órgano, ya que debe cumplir unos plazos legales y va a estar muy justo que esté en marcha antes de las elecciones municipales del 22 de mayo.
Una vez que se apruebe el reglamento inicialmente, debe haber un plazo para las alegaciones, por lo que, según explicó Charo Rodríguez, su aprobación definitiva no será hasta el Pleno del mes de abril. “Y dado que en mayo no hay Pleno por las elecciones, no queda tiempo para hacer ninguno de los organismos que estaban previstos en la ley”, enfatizó.
En cuanto al motivo por el que no se han abordado estos asuntos antes, desde el PSA se entiende que el Gobierno municipal ha estado más preocupado por otros temas que por la participación ciudadana “algo que no ha fomentado, ya que hubiera dado tiempo de sobra para crear los órganos previstos en la ley. Si no se han creado es porque no había intención desde el principio de ponerlos en marcha”.
Joaquín del Valle, por su parte, además de comentar los aspectos positivos del borrador de Reglamento del Consejo Social de Jerez, lamentó que otras entidades de participación, como convertir el Defensor del Ciudadano en la junta de reclamaciones se ha quedado parado. Igualmente, subrayó que los distritos como tales, no como consejos territoriales, sino entendidos como órganos de descentralización administrativa de la estructura municipal tampoco hayan avanzado lo más mínimo, así como la modificación y adaptación del Reglamento de Participación Ciudadana, donde tampoco se ha hecho nada.
IU justificó su presencia en estos debates en el sentido de “adelantar algo” en participación de cara a la próxima legislatura, convencido como está Del Valle, que en esta no va a dar tiempo de hacer nada más.
IU se mostró “dura” con la política de participación desarrollada por el Gobierno, recordando cómo los presupuestos participativos “se perdieron”, reduciendo la participación a su mínima expresión. IU entiende que “le queda bien al Gobierno aprobar este documento antes de las elecciones y que lo van a vender como un logro del consenso”, y respecto a eso asegura que “hagan lo que quieran, nosotros henos estado porque nuestras prioridades pasaban porque el Consejo Social no fuera un órgano de tutela política, algo que hemos conseguido”.
“El PP no ha participado porque el modelo no lo compartimos”
El Partido Popular, según explicó su concejal Lidia Menacho, no ha acudido a estas reuniones porque el modelo de Consejo Social que se ha adoptado es el de San Sebastián, “algo que no compartimos” porque integra entidades que el PP no cree que deban formar parte de él. Por eso, los populares han preferido no discutir el articulado propuesto por el Gobierno y presentar, cuando se debata en Pleno, una propuesta alternativa
Lidia Menacho subrayó como dato curioso que el modelo elegido es el que ha desarrollado la concejala de Acción Nacionalista Vasca en aquella ciudad, “ni siquiera es del PSOE de San sebastián”, subrayó, enfatizando su desacuerdo con algunas de las propuestas.
Además, el PP considera que antes de desarrollar este reglamento habría que haber elaborado la reforma del de Participación, que no se ha intentado, o haber puesto en marcha los consejos territoriales que no se han constituido siquiera.
