Varios de los detenidos por su presunta relación con una trama urbanística en El Puerto de Santa María (Cádiz) continúan prestando declaración ante el Juzgado Número tres de El Puerto, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según las mismas fuentes, el titular de dicho juzgado habría dispuesto al filo de la medianoche que una de las cuatro personas detenidas quedara en libertad con cargos y, según publica este viernes el Grupo Joly, bajo una fianza de 3.000 euros.

El caso se dio a conocer este miércoles, cuando por parte de la Policía Nacional se efectuaron registros en los despachos del área de Urbanismo del Ayuntamiento portuense, resultando detenidas cuatro personas, entre ellas un ex edil del anterior equipo de gobierno presidido por Independientes Portuenses, e imputada una quinta.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, procede de "un tema relacionado con el anterior mandato, que ya se venía investigando e incluso ha salido en los medios de comunicación", según señaló el actual alcalde portuense, Enrique Moresco (PP), que también añadió que, según le comentó el juez que lleva el caso, se trata de "un tema serio e importante".

Moresco firmó este jueves el decreto de suspensión cautelar de empleo y sueldo a los dos funcionarios detenidos en relación con dicha trama, concretando que se trata del jefe de Servicio de Licencias y la técnico del Área de Patrimonio del Consistorio portuense.

Suspendidos de empleo y sueldo Jiménez Fornell y Trigo

El alcalde, Enrique Moresco, confirmó ayer que el Ayuntamiento ha tomado “medidas disciplinares cautelares” al respecto de las detenciones que se efectuaron el pasado miércoles a dos funcionarios municipales, es decir, al jefe de servicios de Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell y la técnico Milagros Trigo (pareja de Jiménez), reconociendo que a lo largo de la mañana firmaría un decreto en el que se estimaba la suspensión de empleo y sueldo de ambos.

Asegura la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, que en el caso de Jiménez Fornell existe una jefatura adjunta por lo que no hace falta su sustitución, y en el de Trigo, admite que “en cuatro años apenas la he visto, no le pongo cara”, debido a distintas bajas médicas cursadas por la trabajadora, por lo que entiende que su trabajo puede ser perfectamente cubierto con el personal, advirtiendo por tanto que no habrá merma en la labor diaria del área que dirige.

Por el momento, y como suele ser consejo habitual de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Moresco descarta que el Consistorio tenga que personarse como parte de alguna de las investigaciones abiertas, pero entiende que si hubiera perjuicio de cara al devenir de la ciudad, entonces cambiaría la estrategia.

Mientras la mañana transcurría, los juzgados eran el punto de mira de medios de comunicación y curiosos, que no querían perder detalle de la llegada de los cuatro detenidos el miércoles, recuérdese, Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell, Trigo e Isabel Ruiz, de la Comisaría al juzgado de Instrucción número 3, cuyo titular, el juez López Marchena, tomaría declaración a los imputados en el caso abierto por distintas actuaciones en el periodo computado por el Gobierno anterior, de Independientes Portuenses.

La primera en acudir fue Milagros Trigo, sobre la una del mediodía, entrando a declarar y siendo retenida mientras tanto en el calabozo del juzgado. Tras su declaración salió sin esposar, siendo llevada a la Comisaría y luego al médico, una cita que tenía pendiente. Mientras tanto acudiría la mujer del ex edil de Urbanismo, quien intentara interesarse por su marido, puesto que hay que recordar que a última hora del miércoles fue puesta en libertad con cargos. La siguiente en ser conducida a los juzgados fue Isabel Ruiz. La técnico municipal entraría en las instalaciones judiciales sobre las dos y media, saliendo aproximadamente una hora después.

Por otro lado, la edil de Patrimonio, Leocadia Benavente, también acudió al juzgado, pero en esta ocasión para interesarse por la causa de la imputación de los detenidos para poder cerrar el decreto de los dos funcionarios municipales.

Pasadas las cinco y media acudía de comer el juez instructor del caso, y cuarenta y cinco minutos después eran Jiménez Fornell y Rodríguez los que acudían en un mismo vehículo de la Policía Nacional a los juzgados, sin esposar, al contrario que sus dos compañeras. El primero en declarar fue el arquitecto, confirmando el abogado que su cliente estaba tranquilo, aunque el hecho de que se decretara el secreto de sumario le dejaba en una situación de indefensión ante las preguntas o la trama de la que le correspondería hablar. Sobre las siete y pico u ocho de la tarde era el ex edil en cambio quien pasaba a disposición del juez, siendo trasladada de nuevo Trigo al juzgado para esperar el dictamen del juez.

Más de dos horas de declaración se dio por parte de Rodríguez, por lo que terminó su intervención cerca de las once de la noche. Al cierre de esta edición, Isabel Ruiz quedó en libertad con cargos, como ocurriera con la mujer del ex edil de IP, mientras que a los otros tres imputados, Jiménez Fornell y Trigo, así como Rodríguez, se les alargaba la detención hasta hoy, por lo que pasaban la noche en Comisaría.

Reacciones

La edil actual de Urbanismo declara que es complicado hacer una valoración de lo ocurrido el miércoles en la sede de la calle La Palma. Aunque explica que “fue un shock llegar a trabajar y encontrar a la Policía allí”, por otro lado ya se sabía que cualquier día podía haber un registro de este tipo, puesto que había distintas causas abiertas, como señala el primer edil. Por otro lado Moresco admite que “un aspecto negativo para la ciudad es salir en todos los medios de comunicación”, pero indica que son cuestiones de gobiernos anteriores, “temas pasados”, demostrándose que “El Puerto ha avanzado, siendo consecuencias de etapas anteriores”, pero reivindicando que “la ciudad tiene cosas muy positivas, por lo que la negatividad debe quedar a un lado”, así como que “el equipo de Gobierno actual es bien distinto”.

Por otro lado, Ecologistas en Acción, por medio de un comunicado de prensa, muestra públicamente su satisfacción por la actuación ordenada por el juez López Marchena, contra la trama de corrupción urbanística que se había organizado en el área de Urbanismo, según explican.

Recuerdan que han presentado en esta última década decenas de denuncias por ilegalidades urbanísticas, tanto por vía administrativa como judicial, culminando en octubre de 2010 en una macro denuncia ante la Fiscalía en la que “aportamos numerosas pruebas documentales que ponían al descubierto las tramas que habían permitido la construcción de más de 40 urbanizaciones ilegales con unas 5.000 viviendas. Ecologistas denunciaba que los responsables municipales habían fomentado y amparado este proceso de urbanización de suelos protegidos”. La Fiscalía, en dicho momento, entendió que las autorizaciones otorgadas al margen de la legalidad concurren indicios de la existencia de comportamientos “delictivos prevaricadores”.

Por otro lado aseguran que además de por la trama de regularización de viviendas ilegales, la Fiscalía apoyó la apertura de otras seis causas por ilegalidades urbanísticas y medioambientales. A partir de ahí el juez decano del número 3 ha llevado a cabo numerosas actuaciones. Como derivación de estas diligencias “y como suele ser habitual en las tramas de corrupción urbanística, al parecer se han detectado indicios de enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero por parte del anterior responsable del área de Urbanismo, de un familiar suyo, del jefe de servicio de Licencias, de su compañera sentimental y funcionaria del mismo área y de una arquitecta socia de la anterior”.

El colectivo conservacionista lamenta que la falta de medios de loz juzgados haga “penosamente lenta la investigación de las causas por corrupción, que son más de una docena, abiertas en los distintos juzgados, por lo que sería imprescindible dotarlos de medios personales y materiales”. Destacan las causas abiertas por la construcción de viviendas en Pinar de Coig, que se juzgará dentro de diez días u otras como en la reserva natural de Las Lagunas, Los Desmontados o el pinar del Obispo.

Por último, EA cree necesario recordar, “ante tanto político amnésico, que esta trama de corrupción floreció durante la anterior legislatura, cuando gobernaban en coalición IP y PSOE, y cuando eran miembros y socios de la junta de Gobierno local Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez, Enrique Moresco, Silvia Gómez, Fernando Gago e Ignacio García de Quirós, aunque a alguno se le haya olvidado”.

A ello responde Moresco que “hay quien aprovecha las circunstancias”, por ello les solicita que “no abran el ventilador y si tienen que denunciar, que denuncien”. Pero ante todo pide que dejen que la justicia hable, y se pregunta “qué interés deleznable tiene Ecologistas, puesto que los responsables los confirmará la justicia”. Reconoce que “afeo la postura de los que quieren aprovechar con electoralismo este tipo de causas y otros motivos inconfesables como los de EA”. Además, admite haber estado en el equipo de Gobierno y no estar ya, como otros “que siguen con el mismo discurso”, entendiendo que deben hablar “los que defendían a los implicados”. Además, reconoce que el equipo de Gobierno está muy tranquilo puesto que han mostrado total colaboración con la justicia.