Tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Así lo han debido pensar los componentes de la Banda Municipal de Música de Estepona tras los hechos que vienen ocurriendo en Estepona desde la toma de posesión de la alcaldía por parte de Valadez y de los que nuestros lectores han tenido cumplida cuenta a lo largo de los últimos meses.
El pasado jueves, 17 de marzo, la Banda Municipal de Música de Estepona, con el asesoramiento legal de la sección sindical de UGT del Ayuntamiento esteponero, presentaban en los juzgados de nuestra ciudad una querella penal contra el alcalde esteponero, David Valadez, por los presuntos delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y desobediencia en el cumplimiento de las sentencias judiciales. La querella recoge en su exposición de motivos las distintas vicisitudes que la relación del Ayuntamiento y la Banda de Música han venido atravesando los tres últimos años. Así, los denunciantes, ponen en conocimiento del juzgado el impago de sus asignaciones mensuales, iniciado en el año 2008, con la toma de posesión de Valadez, momento a partir del cual las asignaciones se han pagado con cuentagotas hasta el punto de que a la fecha de la denuncia la deuda del consistorio con su banda de Música supera las quince mensualidades.
En un detallado análisis de los hechos recuerdan como en 2010, la interventora municipal certificaba la existencia de una partida en el vigente presupuesto municipal prorrogado de una partida con la denominación Gratificaciones: Banda de Música, con una provisión de 267 mil euros. Denuncian también las distintas sentencias favorables a los músicos por el Juzgado de lo Social, el hecho de que la propia Tesorería General de la Seguridad Social realizara el alta de oficio como trabajadores municipales de los trabajadores denunciantes o las distintas reclamaciones que por parte de las secciones sindicales le recordaron al alcalde lo señalado en materia de prelación de pagos y el obligado sometimiento de las Administraciones Públicas a la Ley.
Abundando en detalles, el 14 de Octubre de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Málaga desestimó el Recurso de Suplicación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia de 8/02/2010, favorable a las pretensiones de la Banda, sentencia no recurrida por el Ayuntamiento y por lo tanto es firme. Continúan en su argumentario con los incumplimientos de los acuerdos adoptados por el pleno en relación a la formalización de la relación laboral reconocida por las sentencias antes citadas, así como para la satisfacción de las deudas existentes con los músicos, deudas que, a la fecha de la denuncia, no han sido liquidadas.
En los Fundamentos de Derecho, la representación de los músicos recuerda que "Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable". En relación con los delitos contra los derechos de los trabajadores recuerdan que "Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses". Continúa "los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".
En el capítulo IV, en relación con la responsabilidad de los cargos electos por la adopción de un acuerdo de gastos sin consignación presupuestaria, existiendo reparo suspensivo, recuerdan al tribunal sentencias de la Sala de lo Penal de 29/01/2001. Cabe preguntarse, en relación con la trayectoria de esta pelea que ya trasciende lo laboral y entra de lleno en el ámbito de la persecución a un colectivo, cuales son los argumentos que lo justifican. Desde un punto de vista económico no debe enfocarse la situación. Aún cuando son conocidas las dificultades del Ayuntamiento en esta materia, la cifra de la que hablamos no supone en absoluto un problema para unas arcas municipales que han visto como desaparecían de sus cuentas bancarias más de 22 millones de euros de depósitos de terceros para atender el pago de las nóminas de unos trabajadores vinculados por los mismos derechos que aquí se reclaman. Tampoco pàrece entenderse desde el punto de vista del sentido común, máxime para un candidato a una alcaldía que ha visto como la gran mayoria de sus apariciones públicas han contado con la presencia reprobatoria de un colectivo que, además de contar con la simpatía ciudadana por el hecho de estar formado por gente del pueblo, hijos del pueblo y padres de futuros músicos, están en condiciones de hacer ruído. Con arte, con musicalidad, pero también con la clara intención de que su mensaje sea escuchado de una u otra forma.
La vuelta de tuerca anunciada ha tenido su culminación judicial,la pregunta ya no es ¿a quién beneficia? sino, ¿en qué beneficia?
