El Gobierno está dispuesto a cambiar la legislación cuanto antes para que grandes empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica, asuman las prestaciones por desempleo de las prejubilaciones que provienen de despidos pactados.

En declaraciones a Radio Nacional, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, aseguró ayer que hay dos proyectos legislativos en marcha -la reforma de las pensiones y la de las políticas activas- que deben aprovecharse con el fin de que “no tarde demasiado” el cambio en la ley que rige las prejubilaciones.

“Hay instrumentos suficientes para poder aprovechar el tiempo y que no tarde demasiado este tipo de reformas”, dijo.

Según Gómez, cuando una empresa tiene suficiente tamaño, un nivel alto de beneficios y presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) que implica despidos con consumo de paro, la empresa “debe contribuir a disminuir el gasto y pagarlo”.

En el caso de Telefónica, añadió que “no es propio de una empresa socialmente responsable” que anuncie un ERE al mismo tiempo que establece un plan de incentivos “millonarios” para sus directivos.

El ministro de Trabajo insistió en que despedir de forma pactada con los trabajadores es un derecho que existe, pero dijo que cuando se trata de empleados que no van a buscar activamente empleo, la compañía debe asumir las cargas del sistema de prestaciones.

No obstante, señaló que esta iniciativa intentará ser pactada con los agentes sociales, para discutir detalles, cómo la definición del tipo de empresa y sus trabajadores o el nivel de beneficios que debe tener.