El Ayuntamiento de Sevilla, en una decisión controvertida, ha adjudicado el contrato para el servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos a la empresa Setex Aparki S.A. La adjudicación, por un importe de 7,62 millones de euros (IVA incluido), ha generado críticas debido a que la oferta ganadora "presentó una baja anormal cercana al 25% respecto al precio de licitación".
Como puede verse en la resolución de la mesa disponible en este enlace, el contrato, gestionado bajo un procedimiento abierto y valorado con múltiples criterios, atrajo propuestas de tres empresas: Setex Aparki, Valoriza Servicios Medioambientales y Talleres y Automóviles Diego. Pese a las dudas iniciales, la Mesa de Contratación validó la oferta de Setex Aparki tras un proceso de justificación, considerando que los argumentos y cálculos presentados por la compañía garantizan la viabilidad del contrato.
Entre los puntos que respaldaron esta decisión se encuentran la proyección de un incremento en las retiradas de vehículos, el uso de grúas nuevas con menores costes de mantenimiento y la garantía de cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo. No obstante, las organizaciones sindicales y otros licitadores han cuestionado estas proyecciones por considerarlas infladas y poco realistas.
Críticas y preocupaciones
Los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto que podría tener esta adjudicación en los derechos laborales de los trabajadores subrogados, argumentando "que una reducción del 25% no garantiza el cumplimiento de las condiciones salariales ni de los beneficios establecidos. Asimismo, alertan sobre posibles deficiencias en la calidad del servicio, debido a los ajustes económicos proyectados por Setex Aparki.
Por otro lado, la metodología de evaluación utilizada por la Mesa de Contratación ha sido objeto de escrutinio. Expertos señalan que el sistema basado en promedios aritméticos no analiza de manera suficiente el impacto real sobre los costes operativos y la sostenibilidad del servicio, dejando margen para aceptar propuestas con márgenes muy ajustados que pueden comprometer su ejecución.
La adjudicación ha sido interpretada por algunos sectores como una medida recaudatoria agresiva que prioriza la competitividad económica sobre la sostenibilidad operativa y laboral. Los críticos han pedido una revisión del proceso de evaluación para garantizar que futuras adjudicaciones no pongan en riesgo servicios esenciales como la retirada de vehículos.
Con este contrato, el Ayuntamiento busca modernizar el servicio mediante el uso de grúas nuevas y mayor eficiencia operativa. Sin embargo, las dudas persisten sobre si estas promesas podrán cumplirse sin comprometer la calidad del servicio y los derechos laborales, temas que seguirán siendo observados de cerca en los próximos años.
