El futuro de Mina Muga continúa en un punto crítico ante "la situación de inseguridad jurídica" motivada por la sentencia del TSJN que ha suspendido el permiso concedido por el Gobierno de Navarra, según indicó la empresa promotora del proyecto, Geoalcali, que ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a encontrar una "solución administrativa y no solo judicial" antes del 31 de marzo para evitar que la paralización temporal de Mina Muga se convierta en indefinida.
En este sentido, Ignacio Salazar, CEO de la compañía, ha manifestado su preocupación por los plazos judiciales y el impacto que la incertidumbre puede tener en la financiación del proyecto. "No podemos aspirar a que haya solo una solución judicial”, afirmó el directivo en una entrevista reciente a 'Diario de Noticias'. “El Tribunal Supremo podría tardar más de un año solo en decidir si admite a trámite el recurso, y a partir de ahí hablamos de años hasta una resolución definitiva. Ninguno vamos a estar ya aquí", añadió.
El principal escollo para Geoalcali es el acceso a los 600 millones de euros necesarios para poner en marcha el proyecto. Según ha explicado Salazar, 320 ya han sido comprometidos por seis entidades financieras (Natixis, ING, Societé Générale, BNP Paribas, HSBC y Caja Rural de Navarra). Además, la compañía ha conseguido el respaldo de tres inversores estratégicos asiáticos (Yankuang Energy, Beijing Energy y Taizhong), que inyectarían 220 millones más, siempre y cuando la situación legal del proyecto quede aclarada antes del próximo 31 de marzo. De lo contrario, tal y como advierten desde Geoalcali, “el riesgo de que estos inversores se retiren del proyecto es grande”.
La paralización de Mina Muga se debe a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha anulado el permiso de explotación Goyo previamente concedido por el Gobierno de Navarra. Según el TSJN, el proyecto debería haber recibido autorización de una única administración (Miteco) en lugar de las tres trabajando coordinadamente bajo un convenio.
“Es una cuestión de forma. Nosotros hicimos lo que nos dijeron”, ha subrayado Salazar para quien la solución pasa por una solución administrativa desde Madrid, tal y como sugiere la jueza. Desde Geoalcali subrayan “el éxito de un proyecto” que en sus 12 años de vida ha acumulado 80 informes técnicos favorables, 14 trámites de información pública y más de 40 permisos, además de haber atendido “más de 1200 alegaciones y 180 consultas de la Administración”.
Firmas
A su vez, Geoalcali ha lanzado una recogida de firmas para recabar apoyo y ha enviado una carta al Miteco. En la misiva, la empresa destaca que la iniciativa supondrá “una inversión de más de 700 millones de euros y la creación de hasta 1.800 empleos”, garantizando "empleo estable" en una región afectada por la despoblación, como publica Servimedia.
Además, subrayan que el proyecto sigue "los más estrictos estándares de sostenibilidad", destacando que será "la única mina de potasa de cámaras y pilares en el mundo diseñada con el objetivo de crear cero residuos, a través de la tecnología backfilling". Este sistema permite aumentar la estabilidad del terreno y reducir al mínimo los residuos en la superficie.
La compañía también ha enfatizado el impacto positivo de la mina en la economía local, ya que potenciará sectores como la industria, el comercio y los servicios, además de impulsar la modernización de infraestructuras en la región. Según cifras de Geoalcali, su aportación a las arcas públicas ascendería aproximadamente a unos 1.246 millones de euros en impuestos, mientras que la suspensión definitiva del proyecto supondría una “pérdida de oportunidad estimada de unos 3.800 millones de euros en pago a proveedores”.
"La inversión prevista representaría un impulso para nuestra economía, que ha enfrentado grandes desafíos durante años para atraer inversiones de esta envergadura. Mina Muga es crucial para el futuro de nuestra comunidad y confiamos en que, con su ayuda, podremos superar este obstáculo", concluye la carta.
