Los sociopolíticos y algunos sindicatos oficiales se aprestan a recoger la publicidad de esa justa indignación, remachando machaconamente que no se deben recortar gastos en educación, porque realmente ésta no es un gasto sino una “inversión”.
Profetizan la quiebra de todo el sistema público educativo, cosa nada difícil de hacer con datos objetivos sobre la mesa y pretenden reconducir, con la inestimable ayuda del ministerio socialista esta conflictividad en réditos electorales a meses vista.
Ni los sociopolíticos, ni los sindicalistas oficialistas, mosqueados por los recortes de las liberaciones, que se erigen en propagandistas de tal objetivo, están legitimados para ello. Han sido cómplices de años de privatizaciones en los servicios públicos, por acción u omisión, y además tampoco tienen claro que la Educación, con mayúsculas, no es un bien mercantil que deba ajustarse a las inhumanas leyes del mercado.
La Educación no es una mercancía y por tanto no se puede “invertir en ella”. La Educación es un derecho y por tanto, ya que se le llena la boca, desde el monarca al último mono ministerial, diciendo que España es un Estado de Derecho, no hay más que hablar.
Podremos prescindir de aeropuertos provincianos ruinosos, de fastuosas obras faraónicas, de decenas de miles de sueldos a políticos incapaces, incluso de los gastos, ahora sí, de las Casas Reales, de las subvenciones a iglesias religiosas, políticas o sindicalescas, …. etc, pero lo que es sagrado para la ciudadanía son los derechos fundamentales a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a una vida digna desde el nacimiento hasta la muerte.
Este es el gran asunto, del que aún no se han enterado, y que equivocada e interesadamente confunden, convirtiendo en mercancía nada menos que los básicos derechos de la ciudadanía, que al fin y a la postre son los únicos que sostienen la delgada línea roja de este contrato social que se sostiene en la simple y equilibrada ecuación (igualdad) de que pagamos impuestos siempre y cuando ello permita ejercer nuestros derechos. La revuelta está servida, si se sigue por el camino de mercantilizar la dignidad de un pueblo.
Cuando el profesorado protesta, en forma mayoritaria, que nadie llegue a conclusiones precipitadas, como lo hace alguna relevante política del PP, ya que debería seguir la máxima de que aquel que “espera desespera”.
Punto primero, no son personas, las que se dedican a la docencia, faltas de preparación o de inteligencia.
Tampoco pierden el norte fácilmente y saben que la docencia se debe a la educación de sus alumnos, que además las madres y los padres de estos se preocupan, como es su obligación, por aquello que perturbe el normal desarrollo de las clases.
Y en tercer lugar no son personas que, animadas por un espíritu gremial, pongan el interés de toda la sociedad, a la que sirven de verdad, por detrás de mezquinos intereses relacionados esta vez con impartir dos horas más de clase.
Por ello la ciudadanía debe escuchar sin prejuicios lo que estos inteligentes y formados ciudadanos nos dicen y valorar con enorme preocupación que estas personas no vean otra salida que la protesta y la huelga para hacer entrar en razón a políticos que nadan saben de este honroso oficio del magisterio y que tienen una torticera visión mercantilista de la Educación.
