De igual modo, la portavoz popular entiende que todos los grupos políticos representados en la Corporación municipal deberían tener idéntico peso en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones cuya creación contempla la ley. A juicio de García-Pelayo, “sólo así” se garantizará que dicha comisión no pase a ser “un órgano político” más.
Además, los populares defienden que los informes que elabore el futuro Consejo Social de la Ciudad tengan carácter vinculante, una potestad que queda en manos de los plenos municipales.
García-Pelayo reiteró su respaldo a la solicitud de adhesión a la ley, que será aprobada el lunes en Pleno extraordinario, a pesar de que considera que el Gobierno local “no ha hecho los deberes”, ya que a su juicio “sólo se ha preocupado de adaptar la estructura municipal” a la nueva legislación.
A este respecto, la portavoz popular lamentó que no se haya elaborado un informe financiero sobre los costes de la adaptación a la ley, asegurando que la descentralización administrativa siempre acarrea un gasto extraordinario.
