La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, censura en uno de sus últimos autos que la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, imputada en estas actuaciones, no pagase supuestamente la parte que le correspondía en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por esta empresa en 2005. Y es que, según la juez y siempre supuestamente, la empresaria sí "pagó religiosamente" al exsindicalista Juan Lanzas unos 96.000 euros, a través de una sociedad "pantalla", por su papel en la búsqueda de financiación pública para este procedimiento.
La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
PREJUBILACIONES FRAUDULENTAS
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, profundiza en las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. La juez Alaya, en ese sentido, sostiene que "la clave" de la trama reside en "las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras" encargadas de los cálculos y aspectos técnicos de las citadas pólizas, porque de ellas "se surte cada interviniente" en la trama.
EL ERE DE RÍO GRANDE
Pues bien, en el reciente auto de orden de ingreso en prisión provisional y sin fianza de Juan Lanzas, recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya dedica un capítulo al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2005 por el conocido restaurante hispalense Río Grande, enclavado en la calle Betis a orillas del Guadalquivir. Este expediente de regulación de empleo, como es sabido, incluyó una póliza de seguro de rentas en favor de la vecina de Sevilla María del Carmen Fontela, pese a que ella jamás había trabajado en este negocio, toda vez que otra trabajadora disfrutó de la prejubilación pese a que su edad superaba ya la correspondiente a la jubilación y había sido contratada sólo tres meses antes.
De cualquier modo, la juez señala en este auto que Juan Lanzas, como exsindicalista de UGT muy cercano al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fue quien "obtuvo la financiación de la Junta" y "propició" que el gabinete Estudios Jurídicos Villasís y la consultora Vitalia se encargasen de los cálculos y aspectos técnicos del ERE. En 2005, de cualquier modo, quedó pactado que, para las pólizas de seguro de rentas, la Junta de Andalucía asumiría la mayor parte del coste y la empresa "una pequeña parte" del coste total de las prejubilaciones.
PAGAR "RELIGIOSAMENTE" A LANZAS
A partir de ahí, la juez Mercedes Alaya expone en este auto que la dueña del restaurante Río Grande, María del Carmen García, imputada también en la causa, "no pagó indiciariamente su parte de la prima" correspondiente a las pólizas de seguro de rentas, aunque "sí consta que en 2006 pagó a 'Atrado Mensajería' 96.000 euros", toda vez que esta empresa es una de las "sociedades pantalla" señaladas por la juez en cuanto al entramado gracias al cual Lanzas y sus colaboradores ingresaban supuestamente el dinero cosechado a través de las sobrecomisiones de las pólizas de seguro de rentas.
"Es curioso que la dueña de Río Grande no cumplió con su obligación de pago, que es asumida por la Junta de Andalucía, pero sí pago religiosamente al señor Lanzas", expone Alaya. Por último, la juez Mercedes Alaya señala en este auto que Juan Lanzas sería "responsable" de la prejubilación fraudulenta de Fontela junto al entonces comercial de Vitalia Francisco Javier González y "conocería indiciariamente" la restante prejubilación fraudulenta de este ERE.
