El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha citado a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en relación con una operación urbanística en virtud de la cual el Ayuntamiento se cobró una deuda de ocho millones de euros derivada del desarrollo urbanístico de unos terrenos con una parcela valorada a un precio inferior.
La citación judicial se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada haya admitido a trámite la denuncia presentada por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, a raíz de la cual también han sido citados a declarar como imputados, también por presunta prevaricación, dos promotores y tres representantes de una entidad bancaria que intervinieron en el procedimiento.
Según consta en el auto de procedimiento de diligencias previas, al que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta el diario 'Ideal', el alcalde está citado a declarar el próximo 22 de julio y el resto de imputados deberán hacerlo entre ese día, el 23 y el 24 de este mismo mes.
No obstante, fuentes cercanas al caso han señalado a Europa Press la posibilidad de que las citaciones se aplacen hasta el próximo mes de septiembre.
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Cuenca, explicó en el momento en que se presentó la denuncia que el asunto está vinculado con unos terrenos del plan parcial donde iba a construirse el Palacio de Hielo, a raíz de cuyo desarrollo se generó una deuda de unos ocho millones de euros --intereses incluidos-- de los promotores hacia al Consistorio.
Aunque inicialmente el Ayuntamiento de Granada inició un expediente de embargo para reclamar el dinero, y pese a tener asegurado el cobro mediante este procedimiento, finalmente no lo ejecutó y llegó a un acuerdo con los promotores para que el dinero se pagara en suelo.
Para ello, se "firmó un contrato privado" por el que el Ayuntamiento de Granada se convirtió en el propietario del 14,5 por ciento del total de una parcela de uso comercial o terciario que, según indican los socialistas en su denuncia, estaba valorada en siete millones de euros frente a los ocho millones en que se cuantificó la deuda con los promotores.
Los socialistas mantienen que con esta operación se ha podido "menoscabar el patrimonio de todos los granadinos" y, dado que el equipo de gobierno, del PP, no les daba acceso a los expedientes, se han visto "obligados" a recurrir a la vía judicial para que se arroje "luz" sobre estas "prácticas urbanísticas".
La denuncia de los socialistas va inicialmente dirigida no sólo contra el alcalde de Granada sino también contra la Junta de Gobierno Local que aprobó el desarrollo del plan parcial en cuestión.
