La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha pedido este lunes en el Parlamento catalán que la cámara catalana "inste a la Generalitat a que se persone como acusación contra las malas praxis de las entidades hipotecarias".
En la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, ha incidido en que la Generalitat se presenta como acusación en manifestaciones "con pequeños disturbios, y no cuando las entidades financieras han hundido la vida de miles de personas en Cataluña".
Ha pedido a las administraciones públicas y al Parlamento catalán que actúen más allá de discursos, con compromisos y acciones concretas, como que se decrete en Cataluña una moratoria de la ejecución de desahucios hasta que no se garantice el realojo adecuado, como Bruselas ha obligado en un bloque ocupado en Salt.
Además de las malas prácticas pasadas, Colau también ha alertado del peligro de una segunda burbuja inmobiliaria por la práctica de fondos de inversión 'buitre' de colocar en el mercado títulos referenciados a paquetes de inmuebles en alquiler, ya que si más adelante los inquilinos no pueden pagar la cuota mensual, los inversores no podrán recibir la rentabilidad esperada y los fondos no tendrán reparos en desahuciar a los morosos.
Para el futuro, ha pedido a la Generalitat que incorpore al nuevo código de consumo que está tramitando el Parlamento catalán la dación en pago "para combatir la estafa de la banca", y que la administración catalana pida al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) un cambio de actitud en las entidades nacionalizadas en favor de las daciones, condonaciones y alquiler social en casos de buena fe.
En este sentido, ha lamentado que las entidades nacionalizadas son de las que menos colaboran en los impagos de hipotecas, y ha lamentado que Novagalicia Banco (NGB) rechaza todas las propuestas.
LEY DE SEGURIDAD ESTATAL
Respecto a la Ley de seguridad que ha aprobado el Consejo de Ministros y debe pasar por el trámite parlamentario estatal, ha solicitado al Gobierno catalán que actúe para pararla, y si sale adelante, que dicte que los Mossos d'Esquadra no la cumplan.
Ha argumentado que esta nueva norma "va contra el derecho democrático de manifestación y va contra las plataformas de defensa de los derechos humanos".
Durante su intervención, Colau ha reprochado al Parlamento que haya citado antes a los sindicatos que a las plataformas de afectados a la comisión de investigación de las entidades financieras.
