Camps entre jueces y votantes

Forzada y artificial alegría en el entorno de Francisco Camps y entre los dirigentes nacionales del PP. Por fin podrá defenderse. Eso dicen. Toman la citación judicial del martes, ante el TSJ de Valencia, como el fin del juicio paralelo y el principio de unas actuaciones judiciales cuyo desenlace será la exculpación penal del president.
El cálculo es un tanto arriesgado. Aunque no le falta base, peca de voluntarismo por exceso. Es cierto que el asunto tiene escasa relevancia penal. Y no por las cantidades que Camps habría recibido en especie (trajes) como “dádivas” o “regalos”, sino por la dificultad técnica de demostrar que esos regalos se hicieron en razón del cargo que ocupa Camps, como una forma de compensar la carga de trabajo público derivada hacia las empresas del tal Álvaro Pérez.

Correcto. A poco que Camps demuestre que también él le ha hecho regalos a su amigo, Álvaro Pérez, el TSJ de Valencia podría entender que los detalles de éste con Camps y su familia en realidad eran una forma de corresponder. O simplemente de practicar la elegancia social del regalo. No podemos olvidar que entre las grabaciones adjuntas al sumario instruido por Garzón hay constancia sonora de que el Camps quiere “un huevo” al Bigotes. ¿Cómo demostrar que los dichosos trajes eran una forma de agradecer las adjudicaciones de obras públicas de la Generalitat a las empresas de Pérez, siendo formalmente legales dichas adjudicaciones?
Por tanto, pudiera ser que Camps se librase del reproche penal. Es bastante probable. Eso depende de los jueces. Otra cosa es el reproche ético, que depende de los ciudadanos. Y el reproche político, que depende de los votantes. Se equivoca Rajoy si cree que una eventual exculpación en los tribunales va a servir para derogar los demoledores efectos del culebrón. Al menos, en términos de imagen. Por ejemplo, la significativa resistencia de Camps a explicarse ante los medios y el Parlamento regional cuando le preguntan por el asunto. Semejante conducta olvida que los ciudadanos y sus representantes merecen tanto respeto y consideración como los jueces. Y eso tiene su coste político y electoral.