La Junta de Andalucía ha decidido tomar cartas en el cada vez más enconado clima de enfrentamiento laboral que vive Ayesa AT (la antigua Sadiel), filial del grupo sevillano Ayesa desde 2011. Tras recibir en septiembre, en la consejería de Presidencia, una carta dirigida a la presidenta Susana Díaz firmada por el presidente del comité de empresa, Francisco Barjas, ha sido la consejería de Empleo la que ha pedido a la empresa explicaciones sobre los múltiples casos de vulneración de derechos laborales ocurridos en los últimos años y que relata esa misiva.
La carta se envió con el apoyo de todos los sindicatos: CSC, mayoritario, UGT y CCOO. La Junta posee el 22% de Ayesa AT, empresa que nació en el seno del Gobierno andaluz en 1984, y Ayesa otro 73% (Caixabank mantiene el 5% restante). En junio pasado, la empresa de ingeniería de la familia Manzanares adquirió el 22% que Endesa tenía en la antigua Sadiel por 5 millones de euros. Presidencia remitió esa carta a la consejería de Empleo, quien a su vez la remitió a la agencia Idea -adscrita a esta consejería-, que es quien posee ese 22% a través de la empresa pública Soprea.
El consejo de administración de Ayesa AT, en el que se sienta Francisco Álvaro Julio en representación de Soprea, recogió en su acta que Julio “traslada la petición de Presidencia de la Junta de que se requiera a la compañía informe sobre el contenido de dicha comunicación [la citada carta], solicitando además constancia de la entrega y la petición de informe en el acta de la sesión” de ese consejo.
En esa misma acta, la propia Ayesa AT señala a continuación: “El director general corporativo del grupo Ayesa [Germán del Real] y el director general de la compañía [Javier Gorostiza] recogen la comunicación y se comprometen a dar cumplida explicación escrita, señalando en cualquier caso que tal acusación es rotundamente falsa. Por último, reiteran que tratándose de un cliente estratégico como es la Junta de Andalucía, por supuesto emitirán informe detallado con las explicaciones oportunas”.
Contenido
El consejo de Ayesa AT está presidido por Arantxa Manzanares, una de los tres hijos de José Luis Manzanares, fundador de Ayesa y su presidente ejecutivo. Consultada la empresa, no ha respondido a las reiteradas llamadas y correos de www.andaluciainformacion.es. Por su parte, desde la consejería de Empleo se señala que ese informe aún no ha llegado, pese a que el consejo se celebró el pasado 8 de octubre. Empleo también asegura que Presidencia, pese a lo que se recoge literalmente en el acta, “no ha tenido ningún papel en este asunto, sólo nos trasladó la carta para que nos interesáramos por el tema, y nosotros la trasladamos a Idea”.
¿Qué es lo que se recoge en la carta que ha tensado la relación entre la empresa y su accionista y cliente clave? Además de pedir una reunión con Susana Díaz que no se ha producido, se acusa a Ayesa AT de “pisotear y socavar sistemáticamente” los derechos de los 1.160 empleados. Pone como ejemplo la sentencia de vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical y a la dignidad del propio presidente del comité; otras de violación del derecho a la Información del comité, y otras por despido de mujeres embarazadas (según sentencia de 2012 no recurrida por la empresa, que declaró nulo ese despido), que acababan de dar a luz o con reducción de jornada para cuidado de sus hijos.
También se alude a diversas sanciones y requerimientos de la Inspección de Trabajo, así como a lo que el comité define de “clima laboral terrorífico” con despidos de empleados con condiciones “decentes” por otros “precarios”.
Plan de Igualdad
El escrito también alude a la impugnación judicial del Plan de Igualdad, que una sentencia de octubre de 2014 de la Audiencia Nacional declaró nulo por haberse negociado incumpliendo la ley. Esta sentencia está recurrida por la empresa -y por el comité de empresa- y Ayesa AT continúa aplicando el vigente en 2014. Esta disputa legal sobre la situación del Plan de Igualdad es clave porque contar con un plan de este tipo es requisito indispensable, por ley, para poder licitar por contratos públicos en toda España.
El envío de la carta motivó la apertura de un expediente disciplinario al presidente del comité, que derivó en su despido disciplinario el pasado 4 de diciembre. Francisco Barjas, a la sazón candidato del partido comunista PCOE en las pasadas elecciones del 20D por Sevilla, va a recurrir su despido.
