En el recurso, presentado además por entidades como UGT y el PSOE, se pedía la suspensión por considerar que supondría "perjuicios de difícil reparación" para la empresa, además de tener en cuenta que el Ayuntamiento "no ha cumplido con los estatutos de la entidad, que obligan a estar al corriente del pago de sus obligaciones y abonar los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por el organismo a su cargo".
Serían unos casos, según GIAHSA, que ascenderían a unos 20 millones de euros, lo que no comparte el Ayuntamiento, además de entender el juez que la salida de la empresa supondrían un problema global para el resto de los municipios en los que trabaja, al ser Lepe, con 27.000 habitantes, el pueblo que más habitantes aporta a la Mancomunidad.
El magistrado no comparte además que el Ayuntamiento no aclara que empresa se va a hacer cargo de la gestión de la basura y la depuración de aguas, que debería ser de nuevo realizada por GIAHSA a pesar de haber sido apartada del servicio.
Por todo ello, el juez considera que se debe paralizar la privatización ante los "daños de difícil reparación" que se podrían dar en el caso de seguir adelante.
