La Junta de Andalucía ha remitido el anteproyecto de Ley del Derecho de Tanteo y Retracto en desahucios al Consejo Consultivo para su dictamen, una vez que ya ha incorporado las sugerencias y propuestas planteadas por el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía.
Según indican a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, una vez completado este paso y tras el análisis e incorporación de las aportaciones realizadas, el texto se someterá a la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno y posteriormente será enviado al Parlamento andaluz para su debate y trámite, según han informado a Europa Press desde la Consejería.
Esta norma que tramita la Junta tiene como objetivo evitar que se produzcan desahucios en Andalucía a través de la adquisición, por parte de la Administración autonómica, de aquellas viviendas que están en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial.
El anteproyecto remitido al Consultivo ya incorpora las sugerencias y propuestas planteadas por el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, órgano al que se le había dado traslado del documento con anterioridad, "atendiendo así al compromiso de la Junta de Andalucía de hacer partícipes de la elaboración de esta nueva norma a los agentes económicos y sociales para enriquecerla".
Ahondando en esta finalidad, la Consejería también ha completado el trámite de audiencia pública y el informe del Consejo General de Poder Judicial para respaldar esta ley, "un proceso que ha ralentizado su tramitación".
Siguiendo las sugerencias realizadas por el CES-A, la Consejería ha modificado el texto de la norma para ejercer el derecho de adquisición preferente de la Administración en función de la tipología de las viviendas y de criterios socioeconómicos, referidos a los ingresos anuales, de los titulares de los inmuebles que son objeto de la ejecución hipotecaria. Con anterioridad, ese ejercicio quedaba condicionado a la delimitación de áreas geográficas, denominadas áreas de retracto.
Al margen de esta propuesta, que es la más relevante, la Consejería también se ha hecho eco de otras apreciaciones realizadas por dicho órgano encaminadas a clarificar y acotar los plazos en las comunicaciones entre los órganos judiciales y la Administración autonómica con el objetivo de agilizar el procedimiento.
MÁS MEDIDAS
Esta iniciativa legislativa forma parte de un conjunto de instrumentos que la Junta viene impulsando desde el inicio de la crisis económica con el fin último de evitar que las familias pierdan su vivienda como consecuencia de su incapacidad para afrontar el pago de la hipoteca.
Entre estas medidas destaca la labor de información, asesoramiento y apoyo que presta el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucios en las ocho provincias andaluzas y que el pasado año atendieron a 1.225 familias.
También el convenio suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social de apoyo a las familias en aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial.
Según la Consejería de Fomento y Vivienda, a todo ello se añade el convenio firmado con la Sareb para la cesión temporal a la Administración autonómica de 400 viviendas en Andalucía para destinarlas a alquiler social, así como la concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por estos desahucios para afrontar el sostenimiento de una vivienda, cuya cuantía inicial fue ampliada en 1,5 millones para poder atender todas las demandas en esta materia hasta llegar a los 3,8 millones.
