El trabajo, galardonado con el II Premio de Investigación en Derechos Humanos que otorga anualmente el Departamento de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, es obra del abogado Eduard Ibáñez, doctor en derecho penal por la Universidad de Barcelona y director de la asociación Justícia i Pau.
El estudio ha obtenido el premio, en un año marcado por la polémica suscitada por la decisión del juez instructor de dejar en libertad provisional a los imputados por el desvío de fondos del Palau de la Música, lo que contrasta con la contundencia de Baltasar Garzón al enviar a prisión -eludida posteriormente bajo fianza- a los principales imputados por la operación Pretoria.
Entre un 21 y un 22% de los reclusos de las cárceles españolas están en prisión preventiva, según el informe, que advierte de que un 19% de las personas juzgadas que habían sido encarceladas provisionalmente en España han acabado siendo absueltas.
La proporción se eleva a casi el 80% en los sospechosos de terrorismo islamista: según datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional recogidos en el informe, en la última década se ha detenido a 447 personas, casi todas ellas encarceladas provisionalmente, de las que sólo 136 han sido acusadas por la fiscalía y 84 han resultado finalmente condenadas.
Respecto al número de detenidos, añade el trabajo, menos de la mitad acaban siendo condenados por un delito relacionado con el hecho que motivó su arresto, aunque a gran parte de ellos se les acabe imponiendo una falta penal, que suele acarrear sólo condenas de multa.
Además de los riesgos de los encarcelamientos provisionales injustos, Ibáñez recuerda que los detenidos preventivos suelen quedar al margen en la aplicación de programas de tratamiento en las prisiones y no tienen derecho a permisos de salida, libertad condicional u otros beneficios de que disfrutan los reclusos penados.
