Las duras denuncias de UGT contra Biorreciclaje de Cádiz SA, a la que acusa de mantener a la plantilla con los peores sueldos del sector, disponer de unas instalaciones obsoletas y duplicar beneficios sin que repercuta en las condiciones laborales y la modernización de la planta, se suman al demoledor informe firmado por la vicesecretaria general de la Diputación de Cádiz en marzo de 2019, y que vio la luz un año después, por medio de los alcaldes de IU.

En dicho documento, advertía de serias irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia y la empresa en abril de 1007 y modificado en mayo de 2008, con vigencia hasta 2038.

Entre estas, atendiendo a la auditoría realizada por la entidad 2020 Ingenieros SL, el sobrecoste del servicio, dado que la tarifa única que se aplicaba no se ajusta a las circunstancias en las que se lleva a cabo la auditoría, con ingresos muy superiores en la planta de Miramundo a los previstos, en parte por el tratamiento de los residuos no transferidos a Las Calandrias y por el cobro a los usuarios de una tarifa única incluso a aquellos residuos que no son tratados sino vertidos en las celdas de rechazo, así como por los gastos de personal, que en 2011, último dato del que disponía Diputación, suponía menos de un 51% sobre los gastos previstos en el Plan Económico Financiero.

Por ello, la vicesecretaria general pidió adecuar las tarifas a las circunstancias reales. Respecto a las instalaciones, indica que Biorreciclaje de Cádiz SA asumió el compromiso de construir módulos de biometanización y cogeneración eléctrica que deberían haber estado listos en 1998, pero no fueron recepcionados hasta 2008. Una vez recepcionados, los módulos no pudieron ser objeto de explotación a resultas de la tecnología empleada.

La vicesecretaria general apuntó incluso que estas irregularidades podrían incluso conllevar la nulidad del contrato en vigor suscrito por la empresa y el consorcio.