El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta demanda que las administraciones con competencia en Justicia, Ministerio y Consejería de la Junta de Andalucía, establezcan una hoja de ruta que permita desbloquear la situación de los juzgados en la provincia y la Ciudad Autónoma tras la huelga de los letrados (LAJ), que ha agravado aún más la situación de bloqueo y retrasos de asuntos. El conflicto laboral de los letrados de la Administración de Justicia se ha saldado con la suspensión de 3.103 juicios en los distintos órganos judiciales gaditanos; la cancelación de 8.720 actuaciones judiciales y la reducción en un 60% de los mandamientos de pagos realizados, 8.627 menos que en el mismo periodo que el año anterior.
Ahora, una vez finalizada la huelga, los graduados sociales exigen “un plan de choque que evite sumar aún más retrasos a los asuntos que, ya de por sí, acumulaban retrasos a causa de la lentitud de la justicia”, destaca el presidente del colegio gaditano y del Consejo Andaluz de estos operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez.
Este representante de los profesionales del Orden Social añade que dicho plan de recuperación debe respetar el derecho a la conciliación, rechazando así “que puedan celebrarse juicios por la tarde o cada cinco minutos. Hay que hacerlo de manera ordenada, garantizando la eficiencia y la calidad del trabajo de todas las partes implicadas. La recuperación no puede llevarse a cabo a costa de una pérdida de garantías porque nuestro trabajo implica también tiempo de preparación, como el de los jueces poner sentencias. Los justiciables no se merecen ser quienes paguen finalmente las consecuencias de la huelga de los letrados o la ahora anunciada convocatoria de paro de los funcionarios de Justicia”, sostiene José Blas Fernández.
“No se trata de poner más parches a este caos, sino solucionar de una vez por todas la situación de deriva de una administración en las que nadie quiere hacerse responsable de retrasos inasumibles, que desvirtúan lo que debe ser la justicia en un estado de derecho garantista como el nuestro. Esto es un barco sin patrón y a la deriva, que no garantiza la prestación de un servicio vital para la sociedad. Una justicia sin rapidez no es justicia, y quienes participamos de ella, como los profesionales libres, estamos al límite de nuestra paciencia”, expresa el presidente.
“El procesode reactivación debe llevarse a cabo con la participación de todas la partes implicadas”, defiende el presidente del Colegio de Graduados Sociales, “mediante la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vuelta a la normalidady el respecto a la necesidad de conciliación de los profesionales. Y estableciendo roles claros sobre la responsabilidad de unos y otros; de otra manera seguiremos teniendo una justicia sobre el papel, pero no en la práctica real. Lo que hace unos años eran excepciones, retrasos puntuales, ahora se ha convertido en lo normal, señalamientos y vistas con hasta cuatro años de retraso”, apostilla José Blas Fernández Sánchez.
