Tras el cierre de varios talleres de la Universidad Popular por falta de medios en San Roque, el Ayuntamiento ha continuado contratando personal para nuevos talleres, en esta ocasión gratuitos para los usuarios, sin que hayan trascendido más datos sobre los mismos.

De este modo se han recibido consultas sobre qué criterios se habrían seguido para la contratación de personal y medios primando unas actividades sobre otras, algo que entendemos debe ser tan transparente como toda la actividad pública. 

Por ello desde la Asociación Defensa Ciudadana Activa se ha solicitado al Ayuntamiento de San Roque la documentación relativa a la contratación de personal y medios (publicidad, etc.), relativos a los talleres gratuitos desarrollados por el área de bienestar social durante los dos últimos años.

“No son nuevas las quejas por contrataciones supuestamente a dedo de personal para realizar actividades innecesarias, creando puestos a medida de personas concretas, en lugar de cubrir necesidades concretas con una oferta de empleo público. Estas situaciones crean el lógico malestar entre los vecinos, sobre todo quienes están en paro y esperan ingenuamente una oportunidad de la administración pública que nunca llega, mientras ven una y otra vez que las mismas personas ocupan unos u otros puestos. Por eso damos un pasito más intentando que estas gestiones sean más transparentes y, tal vez así, se distribuya mejor el trabajo disponible también en los Ayuntamientos.”

DCA recordó que la polémica por la contratación “a dedo” de amigos de los ediles o militantes de su partido no es nueva. “Ya hace años otros colectivos denunciaron las intenciones que manifestaron ciertos ediles, apuntando claramente a que darían talleres en función de los conocimientos de sus amistades, algo que el tiempo parece haber confirmado“.

Desde DCA se espera recibir la documentación solicitada, aunque el Ayuntamiento de San Roque suele retrasar todo lo posible las contestaciones obligando a reiteradas resoluciones del Consejo de Transparencia, para hacer públicos los datos, y “que de este modo la ciudadanía conozca los costes de esas actividades supuestamente gratuitas que se promocionan así como el criterio por el que deciden las áreas y contrataciones“, finalizaron.