Hasta dos reuniones se llevaron a cabo ayer en distintos puntos de la ciudad para tratar este asunto. La primera tenía lugar a las once de la mañana en El Llano de las Maravillas. La segunda daba comienzo una hora después en la Venta La Garza, en la zona de El Marquesado. Esta última, convocada por la Federación de AVV Chiclana Norte, contó con la presencia del alcalde, José María Román, y numerosos miembros del actual equipo de Gobierno, que con valentía se enfrentaron a un público nada fácil, que se mostraba más en contra que a favor del proceso. También estuvieron representantes del PP e Izquierda Unida, Andrés Núñez y José Pedro Butrón respectivamente, que más que a contribuir, acudieron a encender un poco los ánimos de los asistentes y a sacar rédito de la situación.
Los vecinos pudieron conocer de boca del alcalde chiclanero los detalles de la ordenanza que regirá el proceso de regularización, un documento que se prevé aprobar en Pleno el próximo jueves. El regidor desgranó las principales novedades que presenta esta ordenanza con respecto a la que intentó aprobar el cuatripartito en octubre del pasado año. Así se refirió a la posibilidad de fasear las obras, instalando primero los servicios básicos y, cuando las posibilidades económicas de los vecinos lo permitan, el resto de servicios, en lugar del todo o nada que planteaba la anterior ordenanza. También insistió en las facilidades de pago y en la reducción de los costes.
Sin embargo, lo que comenzó siendo una reunión informativa, se convirtió en un debate bastante agrio, en el que algunos asistentes llegaron a perder las formas, atacando no sólo a los políticos sino a sus propios vecinos.
Y es que si algo quedó patente ayer, fue la disparidad de opiniones que hay entre los propios implicados. Mientras unos apuestan por regularizar su situación cuanto antes y asumir el coste que ello suponga, otros prefieren quedarse como están, aunque ello implique seguir viviendo sin servicios básicos. Y entre partidarios y detractores, decenas de posturas intermedias, tantas como casos pueda haber entre 15.000 familias.
El principal problema, una vez más: los costes. Ya lo advertía hace unos días el urbanista, Manuel González Fustegueras. “El principal problema que presenta este proceso es que a nadie le gusta pagar”. Así es. Unos pueden pero no quieren, otros quieren pero no pueden. Otros ni quieren ni pueden. Y otros... directamente creen que no les corresponde pagar. Y he aquí otro de los grandes debates que se generaron ayer. ¿Tienen los propietarios de estas viviendas derecho a servicios básicos sin abonar nada? “Yo en Cádiz si me compro una casa tengo derecho a luz y agua y no tengo que pagar ni un euro más”, defendía uno de los vecinos.
“Si compra una casa en Cádiz abona una serie de licencias y de tasas que ustedes no pagaron cuando adquirieron o construyeron sus viviendas aquí. Ahora deberán hacer frente a aquello que no costearon en su día”, explicó el alcalde.
Los vecinos pusieron, sobre todo, de relieve las dificultades actuales para obtener préstamos y las circunstancias de necesidad de algunos afectados. A esto el regidor chiclanero contestó anunciando que el Ayuntamiento mediará con las entidades bancarias y tratará de buscar fórmulas para que los vecinos puedan obtener el dinero para asumir los costes de regularización. Por otro lado, y para aquellas familias que tengan dificultades económicas, el equipo de Gobierno prevé aprobar una ordenanza de ayuda a la vivienda en la que se contemplará una fórmula para que las familias con pocos recursos no tengan que abonar nada hasta que no mejore su situación económica o se produzca una transmisión de la vivienda, bien por venta o por herencia.
demoliciones
Durante la reunión, Román insistió en varias ocasiones en la necesidad de aprobar esta ordenanza para evitar nuevos derribos de viviendas, como el acontecido hace tan sólo unos meses precisamente en esa zona de El Marquesado. “Hoy me he encontrado con una orden de demolición sobre mi mesa para firmarla y no quiero que nadie pase por lo mismo que pasó una familia hace unos meses. La aprobación de esta ordenanza dará solidez a las viviendas existentes, para que no tengan que ser derribadas y para que tengan servicios. Si no se aprueban nos encontraremos con una situación tremendamente difícil porque hay muchos expedientes que ya están en Fiscalía. Esta ordenanza supondrá un abrigo para esos expedientes”,explicó.
