El Partido Popular, a través de su presidente, Andrés Núñez, ha valorado las declaraciones del Gobierno municipal (PSOE-Ganemos) sobre la regularización de viviendas. Núñez afirma que “Chiclana tiene un término municipal donde la mitad está desarrollado de manera ordenada, y otra mitad a la que hay que llevar servicios básicos, regular y tramitar su ordenación, por lo que solicitamos que se deje de maltratar el urbanismo de Chiclana, porque la ciudad necesita que se envuelva en seriedad, algo que no es capaz de dar el actual equipo de Gobierno, más preocupado en lanzar titulares que en solucionar los problemas de la gente”.

El portavoz de la formación popular manifiesta que “si realmente se quiere que el proceso de regularización de viviendas tenga éxito el Gobierno municipal tiene que dar información correcta y transparente, pues todo lo demás es engañar y confundir a los chiclaneros”. A esta circunstancia, según apunta, habría que ligar “que los costes bajen y, tal y como propone el PP, que haya una financiación por parte de la Junta de Andalucía para hacer accesible los pagos a la ciudadanía”.

Dicho proceso afecta “a la mitad del municipio, unas 13.000 viviendas y 22 millones de metros cuadrados, cuyo desarrollo necesita del apoyo del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Cabe recordar que éste fue aprobado el último día hábil de diciembre de 2016 y el Gobierno local no para de congratularse y vender una regularización que hoy por hoy no es posible, dado que las área de gestión básica están suspendidas”.

En este sentido, el edil del PP resalta que “la Junta de Andalucía ha indicado que las área de regularización no pueden desarrollarse, porque están suspendidas. Por lo tanto, no se puede estar confundiendo a la ciudadanía, porque no es cierto que pueda ponerse ya en marcha este proceso, porque esto provoca desconfianza e inseguridad para los propietarios de las viviendas fuera de planeamiento”.

Problema para los propietarios

Andrés Núñez subraya que otro de los aspectos sobre los que el PP tiene “serias dudas es del plazo dado por el Gobierno municipal, el cual dice que después del verano se va empezar a meter tubos y a dar servicios a las viviendas, algo que es irreal”.

Los populares apuntan que “la ordenanza que se va a aplicar sólo permite dos formas de regularización y, además, habría que aprobar primero dicho documento, una vez se solvente la suspensión recogida en el PGOU, por lo que no será cuando se ha dicho”.

Tales formas de regularización son, en primer lugar, “definir las áreas preferentes y esperar a que la actuación sea impulsada por los propios vecinos. Son ellos quienes tienen que realizar y pagar un proyecto de realización de obra, contratar a la empresa y pagar a ésta para que lo ejecute”.

Por otro lado, la segunda vía pasa por que “sea el Ayuntamiento quien impulse el desarrollo, pero sin olvidar que deben ser los vecinos quienes paguen a través de contribuciones especiales; por lo que no es cierto eso de que el Consistorio va a empezar a meter tubos como si tuviese una potestad”. En otras palabras, Núñez dice que “primero el Ayuntamiento tendría que definir el área afectada, imponerle a esos vecinos la carga de abonar los costes en solitario a través de contribuciones especiales y, posteriormente, empezar la obra en cuestión”.

En este contexto, el Partido Popular incide en el hecho de que “cuando el Gobierno municipal dice que cuando esté todo aprobado va a empezar a meter tubos está diciendo que va a empezar a imponer el pago a la ciudadanía de la zonas en cuestión, que tendrá que buscar el dinero de donde buenamente pueda, porque es la posibilidad que recoge su ordenanza. Por eso desde el PP entendemos que es fundamental conseguir que la Junta de Andalucía se implique en la financiación”.