Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo, junto a 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos integrados en la plataforma Reder, han pedido al Gobierno que apruebe por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal.
En una carta enviada a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, las organizaciones la piden que anuncie en el próximo Consejo de Ministros del viernes la aprobación del reglamento del real decreto ley 7/2018.
Y lo hacen, según apunta Reder, porque la norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el país, antes de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo.
Según las entidades firmantes, "la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes".
En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del real decreto ley fue un paso importante, "éste fue insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria", por ello que estimaban que "era urgente desarrollar el reglamento necesario".
Para las organizaciones, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.
En la misiva remitida a Sanidad se apuntan los dos ejes fundamentales en los que debe reparar el reglamento.
El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
El segundo, en que la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtenerlo.
En su lugar, consideran válido cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos o documentos emitidos por organizaciones sociales.
Las organizaciones recuerdan también la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores - padres, madres, abuelos y abuelas - que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.
