Nuestro sistema judicial se caracteriza por ser garantista (dentro de sus lagunas), hasta el punto en que para condenar al presunto autor de unos hechos hay que probarlos; de hecho, en ocasiones hace falta hilar muy fino para que un criminal no se vaya de rositas por un resquicio de la propia ley que le afecte, por un defecto de forma o porque las pruebas obtenidas para demostrar lo denunciado no se puedan considerar ilegales. Esto último resulta curioso, porque podría darse que un delincuente sea absuelto pese a haberse constatado que cometió el delito del que se le haya acusado. Para no irme por las ramas, esto simplemente lo escribo para ponerles en contexto: pese a la rabia que me corroe, he de medir las palabras y eso implica tragar mucha saliva.

A finales del pasado mes de julio, concretamente el 28, perdí a mi padre. No puedo hablar de negligencia médica, aunque de facto la haya habido, por el hecho de que no hay sentencia al respecto. De hecho, ni siquiera sé si podrá haber denuncia, dado que cada abogado consultado me advierte de lo largo y costoso que sería el proceso y ni siquiera sé si me lo podré permitir. Tan garantista que resulta el sistema y no garantiza que se puedan denunciar hechos de este calibre. Tócate los cojones con la ironía, ¿verdad? El caso es que mi padre estuvo de consulta por urgencias a consulta por urgencias durante tres semanas, sin más resultado que un TAC donde no se encontraba nada y se le devolvía a casa, de alta pese a rabiar de dolor y con antiinflamatorios que iban cambiando con cada consulta. No sólo no se iba el dolor de su cuello, sino que iba perdiendo fuerza, movilidad y sensibilidad en los brazos. Sin embargo, nada cambió: TAC, no encontramos nada y antiinflamatorios nuevos. Vaya colección de ellos que me ha quedado en herencia.

Llegó el día en que recibo la llamada que sacudió mi mundo el pasado 16 de marzo: mi padre estaba siendo operado de urgencias tras desplomarse en su casa, llegar sin movilidad a urgencias y descubrirse tras hacer otras pruebas que tenía un absceso que estaba comprimiendo la médula espinal. Tras ello, vino la tetraplejia que fue sólo el principio de una tortura de cuatro meses y medio hasta el fatal desenlace. Lo más triste de todo esto es que ni siquiera puedo culpar a los médicos. Cuando falta tanto personal sanitario en Andalucía, los recursos para pruebas diagnósticas menguan y los protocolos impiden hacer en urgencias la resonancia con contraste que habría supuesto una detección temprana y quién sabe si salvar la vida y calidad de vida a mi padre, entra a jugar esa frase que siempre digo y desde siempre odio: todos los caminos llevan a Roma y Roma es la puta política.

Sí, al final la política ha matado a mi padre. Las políticas de recortes, de privatización, de desmantelamiento de la sanidad pública, de tratar un derecho como un negocio, esas han acabado con la vida de un hombre que con 63 años estaba fuerte y lleno de vida. Ya no hablo de Moreno Bonilla, que también, sino de cada político que ha quitado un mísero euro a la sanidad andaluza bajo el mantra de que no hay dinero. No voy a repetir las consabidas referencias a los ERE, a coaína y prostitutas, a subidas de sueldos indecentes y a esas dietas desvergonzadas que cobran los caciques de la Junta; esas, por desgracia, son de sobra conocidas. La política ha matado a mi padre y un proceso costoso me impide (al menos por ahora) decir que sus asesinos ocupan o han ocupado puestos de responsabilidad. Lo que decía antes sobre leyes y sistemas garantistas por los cojones. Ni cagarme en sus muertos puedo, porque encima son los míos. Y sí, aunque no lo parezca, he medido mucho las palabras. Más de lo que merecen los verdugos de mi padre.