La Fiscalía de la Audiencia Nacional busca concretar la implicación del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, en el delito de sedición que investiga la jueza Carmen Lamela, para lo cual su próximo paso será pedir a la magistrada que la instrucción ya iniciada por los incidentes de los días 20 y 21 de septiembre se extienda a los hechos acaecidos el 1 de octubre.

Por otro lado, y según han explicado fuentes fiscales, el Ministerio Público no descarta recurrir la decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de dejar en libertad a Trapero.

Ayer, la magistrada envió a prisión provisional a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, pero dejó libres con medidas cautelares --retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales-- al mayor de los Mossos y a la intendente Teresa Laplana.

En el auto de prisión de Sànchez y Cuixart, Lamela explicaba que no veía "suficientemente perfilada" la acusación contra los mandos policiales y dejaba claro que "lo único que está siendo objeto de investigación hasta el momento" son los hechos relatados en la denuncia de la Fiscalía que dio origen a esta investigación por sedición, es decir, los ocurridos durante los registros en sedes de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre. Sucesos que, según remarca, "por el momento no han sido objeto de ampliación".

El Ministerio Público tiene claro que los hechos de septiembre están relacionados con los que finalmente se sucedieron el día del referéndum independentista y, de hecho, recuerda las palabras de Sànchez y Cuixart ante la sede de la Consejería de Economía el día de los registros instando a la movilización y a votar en el referéndum independentista. Por ello, respondiendo al argumento de la jueza, las citadas fuentes han dejado claro que la Fiscalía va a proceder para tratar de que la investigación se extienda al 1 de octubre.

PODRÍA HABER MÁS IMPUTADOS

De este modo, el Ministerio Público ve factible que en esta causa por presunto delito de sedición haya más imputados en un futuro, si bien las fuentes consultadas no han querido pronunciarse sobre quiénes podrán ser porque el procedimiento aún está muy abierto.

Por otra parte, hay discrepancias entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la jueza sobre la pena que llevaría aparejado el delito de sedición. Tanto en el auto de libertad de Trapero y Laplana como en el de prisión de Sànchez y Cuixart, la magistrada establece una pena máxima de diez años de cárcel, pero el Ministerio Público cree que debería subirse a 15 años para el mayor de los Mossos al sí considerarle "autoridad".

Sobre la petición de investigar las cuentas de ANC y Òmnium, las fuentes han recordado que no se puede actuar contra personas o entidades que no están perseguidos penalmente y efectivamente las organizaciones independentistas no lo están. Además, han subrayado que el delito de sedición no se puede aplicar a personas jurídicas.