El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cumplen este martes un año en prisión provisional por movilizar a la ciudadanía catalana a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Unos hechos que han servido después al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para procesarles por el delito de rebelión.

Los conocidos como los 'Jordis' estuvieron presentes la noche del 20 de septiembre del año pasado en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat mientras estaba siendo registrada por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la preparación del 1-O. Los presidentes de las entidades soberanistas pidieron a los manifestantes desde el capó de un coche de la Guardia Civil que continuasen allí durante toda la noche.

Por estos hechos fueron citados a principios de octubre por la ya ex juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, junto a el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, imputándoles el delito de sedición basándose en los actos "tumultuarios" que se produjeron durante esa noche. Ese día quedaron en libertad hasta que el 16 de octubre volvieron a comparecer ante la magistrada y fue cuando se decretó su prisión incondicional.

Desde entonces, Sànchez y Cuixart continúan en la cárcel -antes en la madrileña Soto del Real y ahora en Lledoners (Barcelona)--, pues una vez que su causa pasó a estar en manos del Tribunal Supremo, ni el juez instructor, Pablo Llarrena, ni la Sala de lo Penal han acordado dejarles en libertad, pese a las reiteradas veces que lo han solicitado. Incluso en el caso del presidente de la ANC, tampoco le permitieron hacer campaña en las elecciones autonómicas del pasado 20 de diciembre, a las que concurrió como número dos en la lista de Junts per Catalunya (JxCat), el partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Se da la circunstancia que los 'Jordis', junto al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, son los únicos de todos los investigados en el 'procés' que no han quedado en libertad provisional en alguna ocasión durante todo el procedimiento. Junqueras y Forn fueron enviados a prisión el 2 de noviembre del año pasado, también por la juez Lamela y confirmado posteriormente por el Supremo.

EL PAPEL DE LOS 'JORDIS' DURANTE EL 20-S

La entonces magistrada de la Audiencia Nacional --ahora en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-- destacó entonces la "especial importancia del papel" que Sánchez y Cuixart "tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados".

Después, a finales de noviembre del año pasado, el juez Pablo Llarena afirmó que era competente para investigar todo lo relacionado con el denominado 'procés' y arrastró todas las diligencias practicadas en la Audiencia Nacional, llevándose consigo la causa abierta contra los 'Jordis' y los exconsejeros de Puigdemont, quiénes finalmente han sido procesados por rebelión.

En su auto de procesamiento, del 21 de marzo de este año, el juez Llarena hace especial hincapié en la capacidad de movilización de los máximos representantes de la ANC y de Òmnium en el marco del proceso independentista. Para ello, se centró en el asedio a la consejería y afirmó que hubo "un actuar violento", pues las decenas de miles de personas que se congregaron allí tenían una intención "exclusivamente intimidatoria" contra la comisión judicial que practicó el registro.

En las distintas declaraciones ambos han negado este extremo. De hecho, ante tal insistencia, Llarena llegó a mantener un 'rifirrafe' con Sànchez, al recordarle algunas de las arengas que se le escucharon durante la noche del 20 de septiembre: "Delante de esto, ni Rajoy ni el Estado español ni el Constitucional nos podrán parar"; "Que no se vaya nadie, tenemos una noche larga"; "He venido aquí porque tenemos un objetivo, que es el 1 de octubre".

REBELIÓN SIN ARMAS

El juez del Supremo mantiene que debido a la concentración ni siquiera era "seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones" y recuerda que la propia secretaria judicial tuvo que abandonar la sede de Economía y Hacienda de la Generalitat a través de la azotea para pasar a un teatro contiguo e infiltrarse entre los espectadores que abandonaban el local.

Al ser la violencia el argumento principal que sustenta la acusación por rebelión --Llarena ha hablado en sus autos de que "cabe una rebelión sin armas"--, las estrategias de defensa se han dirigido siempre a desmontarlo, asegurando que jamás hubo un alzamiento con armas de forma violenta.

El propio expresidente de la ANC llegó a hablar de una protesta incluso "festiva" y que en ningún momento durante esa noche percibió sensación de violencia, a excepción de los daños en los vehículos de la Guardia Civil y por algunos grupos "minoritarios".

Para demostrar su argumento, la defensa de Cuixart recordó unas palabras que dirigió ese día a los concentrados: "Dejemos que nuestra policía haga su trabajo. Es la comitiva judicial. No nos sirve para nada. Dejemos que se vayan. Se tienen que ir, no hacen nada aquí, dejemos que se vayan", además de que se ha aportado material videográfico para sostener esta tesis.