La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará esta semana, casi 20 años después del inicio de las pesquisas, una macro estafa de vacaciones en multipropiedad que ha dejado al menos 205 víctimas identificadas y que sentará en el banquillo a diez personas para las que Fiscalía pide hasta 10 años de prisión y multas por encima de los 2 millones de euros. El cabecilla de la trama y principal responsable ha fallecido antes de poder ser juzgado.

Esta investigación ha pasado por las manos de hasta cuatro jueces instrucción de la Audiencia Nacional. Las primeras diligencias se incoaron en el año 2000, cuando Baltasar Garzón era el titular del Juzgado Central 5. Después vinieron Fernando Grande-Marlaska --ahora ministro del Interior--, Pablo Ruz y el actual titular de la plaza, José de la Mata, que se incorporó en abril de 2015. Dos meses después, puso fin a la instrucción y envió el caso a juicio.

Los encausados lo son por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, estafa y en un caso, tenencia ilícita de armas, por un macro fraude en la venta de paquetes vacacionales en multipropiedad que se desarrolló entre 1993 y 2002 en las Islas Canarias y que ha dejado 205 damnificados, en su mayoría, turistas extranjeros.

Se trata de las personas que trabajaban en la estructura empresarial que creó allí en los años 80 Jhon Palmer y que resultó una "maquinaria ad hoc para realizar estafas en la venta de apartamentos a tiempo compartido entre 1993 y 2002", según el escrito de acusación. Él, que ya ha fallecido, fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de estafa en un tribunal londinense en 2001. Los diez que ahora se sentarán en el banquillo continuaron con el 'negocio' mientras su jefe estaba en prisión.

Conforme explica el fiscal, la mecánica de engaños que puso en marcha esta organización comenzó a gestarse en 1993 y fue modificándose incluso para sortear las leyes, como la que en 1998 puso en España coto al negocio de la multipropiedad, un modelo de compra de apartamentos vacacionales compartidos entre varias personas que pagaban para poder disfrutarlos una serie de semanas pactadas al cabo del año.

Así, al principio se centraban en la venta compartida de apartamentos, algunos en complejos de su propiedad, otros que habían comprado en urbanizaciones ajenas y otros que ni siquiera habían comenzado a edificarse ni llegarían nunca a estar construidos. Después, ya con la ley en vigor, comenzaron a explotar la modalidad de "paquete de vacaciones o adhesión a un club de vacaciones".

En algunos contratos, prometían de hecho la reventa de su multipropiedad a cambio de sumarse a ese presunto club vacacional o recibían una cantidad de dinero por un cheque que se suponía, podrían cobrar más adelante.

En ambas modalidades, el cliente pagaba una primera parte en las oficinas de la organización y el resto, ya desde su país mediante transferencias bancarias a las que tenían además que dirigir toda suerte de cuotas en conceptos como mantenimiento de los apartamentos que ni siquiera estaban acordados contractualmente, que no paraban de subir y cuyo impago conllevaba perder todo lo invertido y asumir además, penalizaciones.

Todo, sin acabar tomando posesión del apartamento que en teoría habían adquirido en régimen compartido o sin disfrutar de las semanas de vacaciones pactadas en el "club" al que les habían suscrito. Además, los clientes que no tenían liquidez para asumir la compra de la multipropiedad o del supuesto paquete de vacaciones, firmaban un préstamo con una sociedad financiera que resultó formar parte del mismo entramado.

EL DINERO, A LA ISLA DE MAN

La Fiscalía sostiene que una vez estafada la gente, el dinero se blanqueaba. El primer cobro que realizaban en sus oficinas se hacía con tarjeta de crédito y acababa en las cuentas que la organización tenía en España y que utilizaban para costear su propio funcionamiento. "Pero en realidad, la mayor parte del dinero procedente de la estafa lo ingresan las propias víctimas en números de cuentas extranjeras que la organización tiene abiertas en paraísos fiscales a nombre de sociedades extranjeras", explica el Ministerio Público.

Jersey, pero sobre todo la Isla de Man, eran los destinos preferentes. Contaban con gran número de cuentas bancarias incluso dentro de las mismas entidades financieras para conseguir una mayor ocultación del dinero que, una vez llegaba de las víctimas se 'perdía' en diversas transacciones electrónicas para acabar de nuevo en otras cuentas también en paraísos fiscales, especialmente en sus sociedades Island Village Sales e Island Finacial Services.

Hay un detalle más, y es una acusación por tenencia ilícita de armas para uno de los encausados. A Darren Morris se le encontró una pistola del calibre 9 parabellum con el número de serie borrado y un cargador con nueve cartuchos listos para usar en el registro de su domicilio. Él dijo que era de Jhon Palmer, su tío, ahora ya fallecido, y que le había encargado ocultarla.

EN EL BANQUILLO, LA 'GENTE' DE PALMER

El resto de los acusados son todos 'gente' de Palmer, como Richard Cashman, considerado su lugarteniente pues le encargó dirigir "todos los negocios" cuando tuvo que entrar en prisión. Bajo su mando, Crhistine Ketley, sentenciada junto a Palmer a dos años por conspiración para cometer fraude y cuyo plazo de condena ya ha prescrito.

El fiscal pide para ambos 10 años de prisión por delitos de asociación ilícita, estafa y blanqueo y más de dos millones de euros de multa. En el caso de Morris solicita las mismas penas y multas, más dos años y medio por la tenencia ilícita del arma.

Se juzga asimismo al consejero legal de Palmer, el abogado Ramón Solano Pérez, que ejercía de hombre de confianza fuera de España; Jacoba Visscher, que dirigía las oficinas sede de la empresa Dinastía Resort --ella sola acumula 44 denuncias por estafa--, Paul Murray, que se encarga del circuito de dinero; Keith Peter Davies, representante de la organización en Gran Canaria y Jorge Gallat, administrativo y gestor que a partir de 2001 sustituyó a Solano.

Junto a ellos, estará en el banquillo uno de los que según el fiscal, sería "uno de los máximos responsables del delito de estafa", Neil Campbell Lockie, administrador y socio mayoritario de la empresa Platinum Holidays que vendía los paquetes de vacaciones y el 'cashback' (el dinero a cambio de un cheque) en varios puntos de Gran Canaria. También Dean Wells, "uno de los miembros importantes" de la organización por ser el responsable de los jefes de ventas.

El fiscal pide para todas estas personas, ocho años de prisión por asociación ilícita y estafa además de multas de 26 meses a razón de 50 euros al día.