La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado este miércoles por unanimidad, en una reunión presidida por el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, la distribución provincial de los fondos que el Estado destina a Andalucía a través de este programa. La asignación regional asciende a 161,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% --es decir, un total de 7,6 millones más-- respecto a la anterior edición.
Durante la reunión, Lucrecio Fernández ha destacado la "satisfacción unánime" por este aumento del 5% en los fondos del PFEA "que rompe la tendencia de congelación de los últimos seis años", según ha resaltado en un comunicado.
Asimismo, el delegado ha valorado el "pleno consenso" por el que se ha aprobado el reparto de fondos, un hecho que "pone de manifiesto la fortaleza del programa" y sobre el que ha pedido "sacarlo de la contienda electoral" dada su "importancia social, pues en sus más de dos décadas de vigencia ha permitido que los graves problemas de despoblamiento en Andalucía se hayan visto frenados", según ha abundado.
Además del delegado, a esta comisión regional convocada por la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Andalucía ha asistido el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, representantes de la coordinación territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de las administraciones autonómica y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias que han dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos destinados a subvencionar en 2019 la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados en obras de interés general y social.
Desde la Delegación del Gobierno explican que la distribución de los fondos PFEA viene ya "prefijada por las negociaciones y el consenso alcanzado en Madrid entre el SEPE y los agentes sociales", mientras que la comisión regional --que debe convocarse en el primer trimestre de cada año--, ratifica dicho reparto.
El delegado, tras la aprobación del mismo, ha dado instrucciones a los subdelegados andaluces para que convoquen las comisiones provinciales lo "antes posible" para que los ayuntamientos puedan empezar a presentar los proyectos. En la comisión, además, se ha valorado la posibilidad de formar un grupo de trabajo técnico para la resolución de incidencias y recepción de propuestas.
A este respecto, Lucrecio Fernández ha destacado la "importancia crucial" del PFEA tanto para los municipios andaluces como para los trabajadores que dependen del empleo agrario, y ha apelado "al trabajo común entre todas las administraciones públicas implicadas para permitir el aumento futuro y la actualización de los fondos a repartir para extender el desarrollo del programa a los colectivos más necesitados".
DESGLOSE DE FONDOS
Un 78,76% del total de estos fondos del PFEA destinados a las provincias andaluzas corresponden al Plan de Garantías de Rentas, lo que se traduce en 127,09 millones de euros. Se trata de ayudas que el SEPE otorga directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta.
Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.
El 21,24% restante del total de fondos ya asignados para Andalucía, 34,25 millones de euros, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable.
Por lo que respecta a su reparto interprovincial, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.
Los criterios de reparto de fondos aplicados han sido los mismos que en la edición anterior, cuando esta comisión regional, en consonancia con los acuerdos pactados en Madrid, acordó una actualización de estos criterios de manera que no sólo se centre en indicadores históricos, sino también en los indicadores de mercado de trabajo. Así, se aprobó establecer el peso porcentual de cada indicador, con lo que el indicador histórico representará el 90% y el indicador de mercado el 10%, según ha detallado la Delegación del Gobierno.
