El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), el órgano que reúne a las asociaciones más representativas en este ámbito, ha reclamado una nueva prórroga de tres meses para las moratorias legislativas sobre los préstamos hipotecarios para las personas en situación de vulnerabilidad.

A ello ha instado el Consejo, que considera que la extensión en el tiempo de la pandemia y las dificultades económicas de muchos colectivos justifican esa medida.

En su reclamación, el CCU defiende la solución de las moratorias legislativas, que eviten el pago, tanto del principal como de los intereses, frente a la decisión del Gobierno de conceder moratorias sectoriales sin suspender el cobro de intereses.

Las asociaciones de consumidores entienden que esas moratorias del Ejecutivo son una especie de "revolving blando", que beneficia fundamentalmente a las entidades financieras, puesto que les permite evitar la provisión de más de 50.000 millones de euros, sin los cuáles el sector -sostiene- estaría en pérdidas y triplicaría la morosidad.

Los bancos, según argumenta el CCU, obligan a los clientes, como requisito para beneficiarse de la moratoria, a aportar una documentación que, -dice-"no por casualidad", les permite otra vez evaluar la solvencia de su deudor.

Y de esta forma, según los consumidores, trasladan en realidad esa responsabilidad de evaluación de la solvencia a los propios ciudadanos.

El Consejo recuerda, asimismo, que el real decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo "no sólo es un triunfo para las entidades financieras como acreedoras, sino que además pretenden repartir dividendo en 2021 incluso contra las recomendaciones de la autoridad bancaria europea".