Podemos y el exabogado José Manuel Calvente han logrado un acuerdo para no ir a juicio, en el que la formación acepta que su despido fue improcedente mientras que el letrado, que fue acusado de acoso sexual, desiste de solicitar la nulidad de su cese.
El acuerdo se alcanzó en un acto de conciliación previo al juicio que se iba a celebrar ayer en el Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona para dirimir este contencioso laboral, a raíz de la demanda interpuesta en enero por Calvente tras ser despedido.
Según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo, el letrado, que inicialmente exigió una indemnización de 400.000 euros, recibirá tras este pacto un finiquito de menos de 30.000 euros netos.
En su día, Podemos explicó que tomó la decisión de cesar a Calvente como Delegado de Protección de Datos tras haberle abierto un expediente por acoso sexual y laboral a una compañera, aspecto que negó el letrado.
LA DENUNCIA DE ACOSO CONTRA CALVENTE SE ARCHIVÓ
En verano, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras la interposición de una querella por parte de la abogada de Podemos Marta Flor contra José Manuel Calvente por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones.
En un comunicado remitido a Europa Press, Calvente ha destacado que denunció a Podemos por la nulidad de su despido y "vulneración de derechos fundamentales", reclamando subsidiariamente la improcedencia del mismo "por no existir las causas justificativas alegadas en la carta de despido". Ello se unía a la indemnización por vulneración del derecho al honor contra algunos dirigentes del partido, al sostener que le acusaron "falsamente de acoso sexual".
No obstante y tras el acuerdo logrado, el juez separa de la demanda laboral su petición de indemnización por vulneración de su derecho al honor, para darle la opción de que reclame este aspecto por la vía penal o civil .
Mientras, Calvente desiste de su petición nulidad del despido al no tener "interés alguno en volver a trabajar en este partido" y se mantiene únicamente su reclamación de improcedencia del cese, algo que la formación morada "reconoce" con el compromiso de abonarle la indemnización "legalmente establecida".
CALVENTE ESTÁ SATISFECHO: EL ACOSO "JAMÁS EXISTIÓ"
"He aceptado dicha indemnización por la improcedencia del despido y me he reservado el ejercicio de las acciones legales para reclamar la indemnización que me corresponde por la vulneración de mi honor, por las falsas acusaciones que algunos dirigentes de Podemos han vertido sobre mí tras mi despido", ha desgranado.
Con este pacto queda "liquidada y finiquitada" su relación laboral con el partido, con "la satisfacción de que finalmente Podemos ha reconocido que su despido fue improcedente y que no existían las causas que alegaron para cesarle, es decir, que el acoso sexual contra si ex compañera de trabajo jamás existió".
Además, destaca que seguirá "colaborando con la Justicia para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en Podemos", como las que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que aborda la presunta financiación ilegal, "y las que puedan ser objeto de futuras investigaciones en otras instancias".
PODEMOS: CALVENTE PIDIÓ "INSISTENTEMENTE LLEGAR A UN ACUERDO"
Por su parte, fuentes de Podemos han asegurado a Europa Press que Calvente pidió "insistentemente" a los abogados de la formación morada "llegar a un acuerdo justo antes de empezar el proceso".
"Después de meses denunciando que el partido lo había purgado, ha hecho todo lo posible para evitar ir a juicio", han destacado las mismas fuentes para subraya que, con este acuerdo, se acaba así "con un episodio que sólo está sirviendo para que, con rumores e infundios, Calvente esté atacando a Podemos en los medios de comunicación".
Por su parte, el abogado niega que haya reconocido con este acuerdo que su despido "no fuera una purga", dado que eso implica "tergiversar los hechos". Por eso mismo, se reserva "expresamente las acciones legales para reclamar contra los dirigentes del partido y especialmente" contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Finalmente, ahonda en que su interés procesal era que se "reconociera que mintieron en la carta de despido" y que eso lo logra al admitirse la improcedencia.
