La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que la actual subida en el precio de la luz "es coyuntural y puntual" y que el Ejecutivo "trabaja sin descanso" para que al final del año sea más barato que el anterior, aunque ha descartado una reducción en su IVA, ya que "no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero recordó que España está advertida por la Comisión Europea "por el uso que se hace de forma abusiva" respecto al IVA reducido o superreducido, descartando así una rebaja de esta partida para el precio de la luz, que actualmente es del 21%, frente a otros bienes considerados como esenciales que cuentan con un porcentaje inferior.

De esta manera, destacó que este alza en el precio del mercado mayorista de la electricidad se trata de "un pico concreto" marcado por las condiciones actuales por la ola de frío de incremento de la demanda, a las que se une la falta de capacidad de aportación de las energías renovables (solar y eólica).

Así, la ministra portavoz, que puso también en valor el funcionamiento de los suministros energéticos a pesar de la ola de frío, subrayó que el Gobierno actual lleva en su programa "abaratar" el recibo de la luz, algo que ha hecho en los dos últimos años con una rebaja de los costes de la electricidad del 40%.

"Estamos cumpliendo con las premisas electorales y el compromiso de hacer los cambios regulatorios y normativos necesarios para posibilitar abaratamiento en la factura de la luz en el corto y largo plazo", dijo al respecto.

MEDIDAS PARA ABARATAR EL RECIBO.

En esta línea, enmarcó las medidas aprobadas el año pasado por el Ejecutivo, como el anteproyecto de Ley para la tramitación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrica (FNSSE), que busca "justo evitar la subida del precio de la electricidad y permitirá rebajar la factura eléctrica en torno al 13%", destacó.

Montero también señaló que este Gobierno ha sido "desde el primer momento sensible" con la situación de los consumidores vulnerables energéticos, con un bono social que cuenta ya con 1,3 millones de beneficiarios, así como de los consumidores domésticos de electricidad y los electrointensivos (la gran industria), con la aprobación del Estatuto, ratificado el lunes por Bruselas.