El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cumple este domingo 100 días al frente del Ejecutivo catalán centrado en la gestión de la pandemia y la vacunación, y a las puertas del inicio de un nuevo curso político marcado por la reanudación de la mesa de diálogo con el Gobierno central.

Aragonès fue investido presidente después de tres meses de negociaciones entre ERC y Junts, en los que llegó a peligrar la reedición de la coalición, y gracias al apoyo de la CUP, que le permitió convertirse en el primer presidente de ERC escogido en las urnas ocho décadas después.

Desde el inicio, la gestión de la pandemia del coronavirus ha sido la principal protagonista de sus primeros 100 días al frente del Govern, aunque él ya había ejercido en los últimos meses como máximo responsable del Ejecutivo desde la inhabilitación de Quim Torra.

Así, Aragonès fue investido poco después de que decayera el estado de alarma y tras la cuarta ola de la pandemia, por lo que focalizó los esfuerzos en acelerar la vacunación y en la recuperación económica y social.

En estos primeros meses, el Govern ha aprobado varias medidas para afrontar las consecuencias socioeconómicas del Covid-19, como 917 millones para un plan de ocupación y 70 para financiar la renta garantizada de ciudadanía (RGC), entre otras, que, según fuentes de Presidencia, han superado la promesa que hizo en su discurso de investidura de destinar 700 millones de euros para un plan de choque social en los primeros 100 días del Ejecutivo.

Pese a lograr unos porcentajes de vacunación elevados, con la llegada de la quinta ola, el Govern frenó la desescalada y ha tenido que depender del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le ha avalado el toque de queda hasta mediados de agosto, cuando no autorizó el confinamiento nocturno que pedía el Ejecutivo de Aragonès tras varios cambios de criterios y finalmente ha renunciado a seguir aplicándolo.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO

En paralelo a la gestión de la situación sanitaria, Aragonès ha afrontado un deshielo de las relaciones de la Generalitat con el Gobierno de Pedro Sánchez, que en las primeras semanas estuvo focalizado en los indultos a los presos del 1-O, que Aragonès recibió como un paso para dar "credibilidad" al diálogo pero insistió en que, para él, la solución al conflicto pasa por la autodeterminación y la amnistía.

El primer encuentro entre los dos presidentes se produjo el 7 de junio en un acto de Foment del Treball y se reunieron por primera vez en La Moncloa el 29 de junio, cuando pactaron reactivar la Comisión Bilateral --se reunió a principios de agosto-- y la mesa de diálogo, que se prevé en Barcelona para la semana del 13 de septiembre, aunque no acudió a la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Precisamente esta reunión para retomar la mesa de diálogo marcará el inicio del curso político tras el periodo estival, que ha limitado la actividad del Govern de Aragonès en estos primeros 100 días, y todavía está por ver quién participará --el presidente catalán ya ha dicho que él encabezará la delegación catalana-- y qué día exacto será.

Aragonès ha reiterado desde su investidura que su prioridad es el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez para buscar una salida política al conflicto y que el Govern planteará un referéndum pactado y la amnistía como propuestas para esta resolución.

Desde su llegada a la Presidencia, una de sus promesas ha sido que antes de retomar la mesa de diálogo convocaría un Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación para visualizar el apoyo de partidos y entidades a estas dos demandas, pero a falta de tres semanas para la reunión entre gobiernos se desconoce si convocará o no este órgano.

CRÍTICAS DE JUNTS

Sin embargo, y pese a que la apuesta por el diálogo se incluyó en el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts, esta estrategia de negociación ha aflorado nuevas fricciones entre los dos socios del Ejecutivo catalán en los últimos meses, ya que dirigentes de la formación de Carles Puigdemont han renegado de la mesa de diálogo e incluso han planteado no darle los dos años de margen que habían pactado, algo que los republicanos entienden como un incumplimiento del acuerdo de gobierno.

Más allá de estas discrepancias públicas sobre el diálogo, y la polémica surgida por la primera visita del Rey a Barcelona con el nuevo Govern --en un inicio Aragonès delegó la cena con el monarca al vicepresidente, Jordi Puigneró, pero después él rechazó ir y acabó acudiendo la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà--, por el momento no ha habido grandes choques entre los socios del Govern, como sí que hubo de manera reiterada en la anterior legislatura.

ERC y Junts sí que han mantenido posiciones distintas, aunque no han exhibido una mayor división públicamente, en uno de los debates que ha centrado la actividad del Govern de Aragonès en sus primeros 100 días: la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Mientras que Puigneró y Junts se habían mostrado más partidarios de este proyecto, Aragonès y ERC habían manifestado más reservas y lo habían condicionado a buscar el equilibrio para respetar la biodiversidad del entorno del Aeropuerto, pero finalmente a principios de agosto Generalitat y Gobierno pactaron una inversión de 1.700 millones de euros para llevar a cabo esta ampliación.

PRÓXIMOS RETOS

Además de la ampliación del Aeropuerto, otro de los proyectos que puede ganar protagonismo en los próximos meses es la candidatura de Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y ambos proyectos pueden suponer fricciones con la CUP, que Aragonès quiere mantener como socio prioritario.

Uno de los retos en los próximos meses será lograr su apoyo para pactar los Presupuestos de la Generalitat de 2022, después de haber renunciado a aprobar las cuentas de 2021 a mitad del año, aunque el PSC ya ha tendido la mano al Govern por si el Ejecutivo catalán no logra la mayoría necesaria para tirarlos adelante.