La Plataforma "176 y más" compuesta por despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo en el municipio también han presentado alegaciones a los presupuestos municipales para 2013. El colectivo entiende que se han "omitido" datos económicos de gran trascendencia para los despedidos.
"El incompetente concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, contempla en los presupuestos del 2013 sueldos de personas que no trabajan ya para el Ayuntamiento, según él, por hallarse en litigio, es decir, pendientes de juicio. Sin embargo, y esto es lo más sangrante, no contempla en estos presupuestos consignación destinada a los sueldos de los 174 empleados despedidos, que están también pendientes de juicio, esperando que la Justicia haga su trabajo y sean repuestos a sus respectivos lugares de trabajo", critican.
176 y más critica que pese a que el equipo de Gobierno popular aseguró que el ERE supondría un ahorro de 6 millones de euros en las arcas municipales, "no sólo no se ahorran esos seis millones de euros, sino que el presupuesto para el año que viene aumenta en más de un millón de euros el capítulo 1 dedicado a gastos de personal, y ello con 174 trabajadores menos en nómina", exponen. Los despedidos se preguntan qué pasará si el Tribunal Supremo o el Constitucional resuelve a favor de los trabajadores y el Consistorio debe readmitirlos, al no haber consignación presupuestaria.
"Mientras que en 2012 se destinó a personal 50,62 millones de euros, el presupuesto para 2013, gracias al afán privatizador de los populares, lejos de disminuir, aumenta, hasta los 51,4 millones de euros; que alguien nos explique cómo nos han estado mintiendo", apuntan, recordando las críticas realizadas por los socialistas en el polémico pleno en el que se aprobó de forma provisional el presupuesto.
176 y más lamenta que los populares "reduzcan personal" a base de expedientes sancionadores y recuerdan cómo el Secretario Accidental, José Manuel Duarte, está suspendido de empleo y sueldo durante cuatro meses por, según esgrime la administración, "varias faltas graves". El colectivo apoya al funcionario y entiende que ha sido sancionado por "defender públicamente la ilegalidad del ERE, ha sido repudiado, perseguido y expedientado por el vengativo alcalde, que no acepta la neutralidad profesional y aplica a rajatabla lo de o conmigo, o contra mí”.
