El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha declarado que será el juzgado instructor de la causa por el secuestro de una concejal de Maracena (Granada) el que acuerde medidas como la custodia de documentos municipales y ha recalcado que la huida de la edil evitó un final "más trágico".

Fernández ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que Pedro G., pareja de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, haya pasado este viernes a disposición judicial.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha precisado que el detenido por el secuestro de la concejal Vanessa Romero ha pasado a disposición judicial sin haber querido prestar declaración en sede policial.

Ha puntualizado que se siguen practicando diligencias y que ahora será el titular del juzgado instructor el que determine tanto el futuro del detenido como medidas paralelas similares a la custodia de documentación del Ayuntamiento ordenada este jueves por la Policía Científica.

Esta última medida se enmarca en una declaración que apuntaría indicios sobre la vinculación entre el secuestro y la gestión municipal en el Ayuntamiento de Maracena.

"Todo forma parte ahora mismo del impacto de los primeros días y como consecuencia de las declaraciones", ha aclarado Fernández, que ha añadido que será la autoridad judicial la que determine si, además de un delito de secuestro, hay otros "complementarios".

Ha destacado además que, el arma blanca y la pistola simuladas que utilizó el acusado de secuestrar a la concejal, antigua responsable de Urbanismo, y el hecho de que la secuestrada estuviera dentro de un maletero y en un garaje, hace pensar que su capacidad para escapar evitó "cualquier otro final que habría sido más trágico".