Desde el Consejo Social de la Universidad de Huelva somos conscientes de la necesidad de abordar cambios en las universidades que permitan adaptarse mejor a la Sociedad a la que se deben y corregir determinadas ineficiencias y desajustes que ha ocasionado su desarrollo en las últimas décadas, lo que se ha recogido en distintos documentos elaborados por los Gobiernos, la propia representación de las universidades (CRUE) y los Consejos Sociales. Además, en la actual coyuntura económica, se hace necesario actuar con mayor celeridad para mejorar la eficiencia de las Universidades Públicas y el uso de sus recursos.

Sabemos que se  han de poner en marcha todo un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema universitario con los objetivos de contención del gasto público. Se ha de intensificar en nuestras universidades la excelencia de la actividad docente e investigadora; la cooperación interuniversitaria, el valor del esfuerzo para lo que debe haber una justa discriminación entre las tasas de las primeras y sucesivas matrículas y la adecuación del régimen económico y financiero de nuestras Universidades para lograr el principio de estabilidad presupuestaria.

En este sentido este Consejo Social, considera:

1. Que el desarrollo y la aportación que la Sociedad y el Estado hacen al I+D+i se ha mostrado en todos los países avanzados como la palanca esencial para la mejora sostenible de su bienestar.

2. Que no se puede olvidar que nuestras Universidades son protagonistas esenciales del progreso que ha experimentado nuestro país y que contribuyen en un alto grado al desarrollo económico y social de Andalucía.

3. Que nuestra universidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, desde el que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático entre la ciudadanía.

4. Que los profundos cambios sociales y económicos a los que asistimos y las nuevas y múltiples demandas que de ellos se derivan, obligan a una nueva adaptación y a una revisión permanente del papel de nuestra Universidad y de las políticas públicas.

En consecuencia, solicitamos:

1. Se reconsidere la política de ajustes y recortes en nuestras universidades, elaborada sin ni siquiera haber escuchado a sus representantes legítimos y sin el mínimo consenso necesario para que se garantice la participación de la comunidad universitaria en las posibles políticas de ahorro y contención del gasto.

2. Que cualquier cambio que se quiera introducir en los costes del sistema universitario y el posterior impacto que pudiera tener en las economías familiares han de ir acompañados de las políticas de equidad y de igualdad de oportunidades que permitan a todos los ciudadanos tener el mismo derecho de acceso y permanencia en dichos estudios independientemente de su condición social y/o económica.

3. Seguir en la búsqueda e incorporación de los recursos suficientes para que nuestras universidades sigan ejerciendo el papel que la sociedad les ha asignado: generar conocimiento, preparar a nuestras nuevas generaciones  y hacer que la sociedad pueda beneficiarse de los mismos generando nueva riqueza.

Creemos firmemente que nuestras universidades han de asumir la etapa económica de austeridad y contención a la que nuestra sociedad se ve avocada reforzando la necesaria autocritica interna, pero también creemos firmemente que es imprescindible contar con las Universidades para establecer las medidas más adecuadas, que permitan el cumplimiento de sus fines. Cercenar su desarrollo o impedirles cumplir sus misiones, en pos de un ajuste presupuestario precipitado y sin entrar a fondo en las correcciones necesarias, puede producir efectos contraproducentes en el futuro de nuestro Comunidad Autónoma y de la provincia de Huelva.

Pensamos que la crisis actual puede ser una oportunidad para, reconociendo la necesidad de abordar reformas, tomar medidas que vayan al fondo de los problemas de nuestras universidades, contando siempre con sus representantes válidos tanto para el diseño de las medidas como para su aplicación
Desde el Consejo Social pedimos cordura, sosiego y racionalidad en las políticas que se lleven a cabo para que éstas se centren en la solución de los problemas de fondo de nuestras universidades y que las medidas de contención y ajuste que vayan a  aplicarse, se hagan con el diálogo y compromiso necesarios para que tengan el mínimo impacto negativo  posible. En esta línea nos ponemos a disposición de los poderes públicos y de las universidades para lograr la mejora del sistema público de educación superior.

Huelva, a 20 de Junio de 2012