La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha reclamado este lunes a los ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos y que prestan unos servicios sociales fundamentales, que se sumen al convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un convenio que ha firmado con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y que permite establecer vías de colaboración entre la administración autonómica y provincial y garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en su ámbito geográfico de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el citado programa.
Esta iniciativa, que se puso en marcha por su departamento en octubre, consta de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía, el cual en las tres primeras semanas ha atendido a 300 familias, que han visto defendidos sus intereses.
En rueda de prensa en Huelva, tras rubricar el convenio, siendo la onubense la primera Diputación que lo firma, la consejera ha agradecido a Caraballo esta rúbrica, que supone "una muestra de vocación social, de interés por los problemas de las víctimas de la crisis, los desempleados y los desahuciados".
En virtud de este acuerdo, la Diputación, a través de sus servicios sociales, realizará los informes necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social de las personas que solicitan estos servicios con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
Con esta rúbrica, la Diputación de Huelva se convierte en la primera de las ocho que se acoge al acuerdo marco ya firmado en septiembre por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP). Por ello, la titular de Fomento y Vivienda ha animado al resto de diputaciones y ayuntamientos "a dar el paso para integrarse en el gran bloque político y social contra los desahucios, conformado por la Consejería y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda".
No obstante, preguntada por si tiene constancia de que las demás diputaciones andaluzas vayan a llevar a cabo esta firma, Cortés ha insistido en "la necesidad de aunar esfuerzos para hacer de la política una herramienta útil".
OCHO OFICINAS PROVINCIALES
Las ocho oficinas provinciales llevan en funcionamiento desde el 8 de octubre y a través de ellas, la Consejería ha ofrecido a las familias afectadas "soluciones concretas y tangibles", ha explicado la consejera Cortés, quien ha subrayado que este programa ha supuesto "un cambio de concepto respecto al modo en que las administraciones han venido afrontando hasta ahora el drama social de los desahucios, poniéndose la Consejería del lado de las víctimas de la crisis y acompañándolas en la defensa del derecho a la vivienda".
A su vez, ha incidido en que a través de la intermediación con las oficinas bancarias "rompiendo la neutralidad, ya se ha conseguido paralizar desahucios", por lo que se demuestra que "la política puede cambiar las cosas".
Así, ha remarcado que con pasos como este, las administraciones públicas se sitúan a la altura "del momento crucial" que la sociedad atraviesa, y dan respuesta a un clamor social que exige compromisos y respuestas.
"Ese es el camino que dignifica la política", ha incidido la consejera Cortés, quien ha añadido que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituye "un ejemplo de referencia de lucha institucional contra los desahucios que contrasta con el inmovilismo del Gobierno central, que se ha limitado a aprobar un decreto, en un intento de cambiar algo para que nada cambie".
En ese sentido, Elena Cortés ha instado al Gobierno a propiciar las necesarias modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria y a "forzar la paralización de todos los desahucios hipotecarios, regular la dación en pago y el alquiler social, así como realizar una quita de todas las hipotecas". A su juicio, "son cientos de miles de familias andaluzas asfixiadas por hipotecas con cláusulas abusivas, que firmaron además en condiciones muy diferentes a las actuales y que arrastran una losa imposible de sobrellevar".
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, ha señalado que las administraciones "tienen la obligación de levantar la voz ante esta injusticia", refiriéndose a los desahucios y "aumentar los esfuerzos para intentar parar esta lacra".
"El decreto del Gobierno central no soluciona el problema", ha enfatizado Caraballo, por lo que ha solicitado un cambio no solo en el decreto, sino también en la Ley Hipotecaria.
En este punto, ha destacado que "la vocación social" de la Diputación, que hace "una labor importante y fundamental en dos líneas muy claras: el empleo y las políticas sociales".
SOLUCIONES A FAMILIAS DESAHUCIADAS
El convenio establece también la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.
Este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, a su vez contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
