Dos años después de que se empezara a hablar de la posibilidad de instalar un centro de aviones no tripulados -conocidos como drones- en las instalaciones aeroespaciales de El Arenosillo (Mazagón), el proyecto ha tomado forma, ha madurado y en los últimos días se ha dado un paso decisivo para que el proyecto se convierta en una realidad.
Así, si a finales de mayo la Comisión de Seguimiento del proyecto se reunía en el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea) y despejaba cualquier duda sobre el futuro del proyecto, en el que el Gobierno central y la Junta de la Andalucía van de la mano, el pasado 6 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) -dependiente del Ministerio de Defensa- de que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se somete a la fase de información pública y de consulta a administraciones y personas interesadas.
Se establece el plazo de un mes para todo aquel que quiera interesarse o presentar alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental y al proyecto básico del centro de ensayos de sistemas no tripulados, es decir, el proyecto CEUS.
Una vez finalizado este plazo, y dado que el proyecto ha sido promovido por el INTA en cooperación con el Ministerio de Ciencia e Innovación (hoy Ministerio de Economía y Competitividad) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Junta, todo apunta a que la Declaración de Impacto Ambiental será positiva. Según ha podido saber Viva Huelva, esta resolución se espera para el próximo otoño, una vez concluido el verano, así como la segunda tramitación más prioritaria para que el proyecto pueda seguir dando pasos.
En este caso se trata del expediente de prevalencia que debe emitir la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es decir, una desafección de parte de los terrenos, que están incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública. Este expediente hará constar que la utilidad de los terrenos para el nuevo proyecto prevalece sobre la declaración de monte de utilidad pública. Una vez desafectados los terrenos, sería compatible con el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
Fuentes de Medio Ambiente han indicado a este periódico que el proceso sigue su cauce y se está trabajando para que esté lo antes posible. La idea es que también esté listo para el otoño, de modo que en el último trimestre del año, antes de que finalice 2013, se pueda iniciar la licitación de las obras.
Trámites pendientes
Otro trámite pendiente, aunque no tan prioritarios como la DIA y el expediente de prevalencia, es la aprobación de un Plan Especial por parte del Ayuntamiento de Moguer, propietario de los terrenos, para ajustar el proyecto a la ley con la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Consistorio ya ha dado un primer paso solicitando la descatalogación de los terrenos.
Por su parte, la Junta también tiene que emitir su Autorización Ambiental Unificada (AAU), así como una declaración de interés autonómico.
Los plazos se van cumpliendo, algo primordial, ya que el proyecto está financiando principalmente con fondos europeos, que caducan el 31 de diciembre de 2015, fecha en que el proyecto tiene que estar ejecutado, si no en su totalidad, sí mayoritariamente.
El desglose de la inversión es la siguiente: la Junta, a través de la Agencia IDEA aportará 9 de los 30 millones de euros que supondrá la adaptación del complejo del Arenosillo, actualmente orientado a usos militares y aeroespaciales, para albergar el nuevo centro. Los 21 millones restantes, con financiación del fondo europeo Feder, corresponden al Ministerio de Economía. A esta cantidad se suman otros 10 millones para la modernización de las actuales instalaciones, que será financiada por el ministerio y el INTA.
Una oportunidad para el empleo y para liderar el sector
Según se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental, CEUS es un proyecto de investigación y desarrollo de pruebas fundamentalmente de vehículos aéreos no tripulados de uso variado, no solo militar, sino también civil. Por ello, “no se trata de una infraestructura aeronáutica convencional”.
Del mismo modo, se resalta que su implantación “conlleva una oportunidad para que nuestro país- y por ende Huelva- lidere un sector de alta proyección internacional”.
De hecho, se resalta que el proyecto “tendrá necesariamente un impacto socio-económico positivo en la provincia de Huelva, al servir de base para el desarrollo de tejido económico y empresarial y la creación de puestos de trabajo de calidad que contribuyan a la disminución de las tasas de paro y la convergencia global con los índices de renta europeos”.
De ahí el interés de las administraciones locales y de los agentes sociales onubenses, que hace unas semanas pedían que se agilicen los trámites administrativos, dado que el proyecto aportará 250 empleos directos y 500 indirectos. Ya se ha dado un nuevo paso con la fase de información pública del Estudio de Impacto Ambiental.
