Como era de esperar, aunque desde el Ayuntamiento capitalino se empeñen en restarle importancia y minimizar sus efectos, la adhesión al plan de medidas extraordinarias del Gobierno central tiene un porqué, la más que delicada situación de las arcas municipales, y también unas consecuencias. Ya lo dice el dicho: nadie da duros por pesetas.
Dentro del expediente de solicitud del plan de medidas extraordinarias, que debe aprobarse en el pleno del próximo miércoles, destaca la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que deja claro cuál es la función del Real Decreto-ley 8/2013, estos es, “medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros”, y si el Consistorio onubense ha podido acogerse a este plan, es por “encontrarse en alguna de las situaciones definidas en su artículo 21”.
Del mismo modo, Hacienda deja claro que la adhesión a este plan, que tiene que pasar sí o sí por pleno, supone “la aceptación de las medidas que en su caso acuerde el ministerio”, y dentro de esas medidas, preocupa sobre manera la relativa a Emtusa.
Así, entre las medidas a tomar en cuenta, esta resolución a la que ha tenido acceso Viva Huelva, urge a tomar “medidas de reestructuración y redacción de las entidades dependientes del Ayuntamiento”, y “en particular se requiere al Ayuntamiento de Huelva para que se apruebe un plan de corrección de la situación financiera de la Empresa Municipal de Transportes de Huelva SA”. Es decir, que urge a poner en marcha un plan de viabilidad, como tantas veces han demandado al equipo de gobierno desde la bancada de la oposición para dar una solución a una empresa pública que está inmersa en una crisis, con impagos a los trabajadores incluida, desde hace demasiado tiempo.
La clave
De hecho, el ministerio recalca en su resolución que “dicha entidad presenta resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos”. Y ahora viene lo más preocupante: “Si esta corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de 2015, dado el servicio que presta la empresa, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 de la entidad, disolverá la misma”, y “de no hacerlo, dicha entidad quedará automáticamente disuelta el 1 de diciembre de 2016”.
Es decir, que el Ayuntamiento tiene poco más de un año y medio para sanear Emtusa, o si no, estará obligado a disolverla. La cosa no pinta nada bien, y lo peor es que en los presupuestos de 2014, que también se llevarán para su aprobación al pleno del miércoles, no se atisba ningún cambio o plan de corrección para sanear las arcas de Emtusa.
El tiempo corre en contra de esta empresa pública, y si el equipo de gobierno no toma medidas, o lo hace demasiado tarde, sólo quedarían dos opciones para el transporte público onubense: pasar a manos privadas o ser gestionado directamente por el Ayuntamiento y no por un ente público. La duda está servida.
