El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha acordado por unanimidad, y a propuesta del equipo de Gobierno (PSOE), retirar la Medalla de Honor de la Ciudad al general franquista Gonzalo Queipo de Llano, otorgada por el Consistorio el 29 de julio de 1938.
Con este acuerdo se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y en la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
La medalla de Queipo de Llano obedeció, según consta en el acta capitular de 29 de julio de 1938, a la conmemoración del segundo aniversario de la sublevación militar de 1936, a través de una distinción al general jefe del ejército nacional de Franco.
Una condecoración que, según ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez Márquez, "supone una exaltación de la guerra civil y de la represión de la dictadura, contraviniendo los preceptos de ley nacional y autonómica de memoria histórica".
Además, ha añadido el portavoz, "hacemos justicia con los represaliados onubenses y sus familias, dando pasos hacia una sociedad más democrática y en paz con su pasado".
La Medalla de Honor a Queipo de Llano atentaba contra el artículo 32 de la Ley andaluza, que establece, como elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, la exhibición de menciones realizadas en conmemoración individual o colectiva del golpe militar de 1936, del franquismo y de sus dirigentes.
Y el mismo precepto obliga a las Administraciones públicas a llevar a cabo las medidas necesarias para su retirada.
El pasado mes de septiembre el pleno del Ayuntamiento de Huelva dio luz verde a la retirada del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad, que el Consistorio otorgó en 1936, a Gonzalo Queipo de Llano, Gregorio Haro Lumbreras y Henrique de Melo Barreto, figuras todas destacadas en el levantamiento militar y posterior dictadura franquista.
Estos honores suponían una exaltación de la sublevación militar de 1936, la guerra civil y la posterior represión de la dictadura, por lo que, según ha apuntado Gómez Márquez "no podíamos permitir que permanecieran vigentes por más tiempo, ya que creemos en esta reparación para las víctimas y sus seres queridos y porque, no lo olvidemos, hablamos de un mandato legal".
