La Fiscalía solicita 26 años de prisión para el hombre rumano acusado de matar a su expareja, una joven rumana de 24 años, la cual fue asesinada por heridas de arma blanca en su domicilio, en el que estaban las hijas menores de ambos el pasado 7 de julio de 2018 en Lepe (Huelva).
Según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide para el acusado un año de prisión por el delito de quebrantamiento continuado de condena y 25 años de prisión por el delito de asesinato. En concreto, estima que en el delito de asesinato concurren el agravante de parentesco y de género.
Además, considera que procede la privación de la patria potestad de las dos hijas menores de edad, toda vez que reclama imponer al acusado la medida de cinco años de libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la pena de prisión. Igualmente, solicita que no se clasifique al acusado en tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la pena impuesta.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía estima que el acusado deberá indemnizar a las dos hijas de la víctima, A.G.V. y D.A.V., a través de su representante legal, por el fallecimiento de su madre, con la cantidad de 135.675 euros, y a cada uno de los progenitores de la víctima con 84.420 euros.
Por su parte, considera que la hermana de la víctima debe ser indemnizada con 18.843 euros, incidiendo en que procede mantener la situación de prisión provisional del acusado hasta que recaiga sentencia firme en este procedimiento.
De cara al juicio, que se celebrará por el procedimiento del tribunal del jurado, la Fiscalía solicita varias pruebas, entre testificales, periciales y documentales. En concreto, pide la declaración del acusado, de dos hermanos de éste, de agentes de la Guardia Civil, así como de familiares de la víctima, entre otras pruebas como los testimonios de los forenses o de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que el acusado había mantenido durante nueve años una relación sentimiental con la víctima y fruto de la misma nacieron sus dos hijas que en el momento de los hechos contaban con cinco y tres años y estaban en la vivienda en el momento de la agresión mortal.
Así, desde principios del año 2018, la víctima había tomado la decisión de separarse del acusado, si bien continuaron conviviendo en el mismo domicilio hasta que ésta denunció en junio de 2018 en el cuartel de la Guardia Civil de Lepe, que el acusado, después de que ella le comunicara que se iba a marchar con las niñas, "le amenazó diciéndole: te voy a matar y después me voy a suicidar".
Como consecuencia de estos hechos, el acusado, tras prestar su conformidad con la acusación, fue condenado por un delito de amenazas a la pena de prohibición de aproximarse a ella, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por la misma a una distancia inferior a 200 metros, o comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años. Ese mismo día, según aparece en el escrito de calificación de la Fiscalía, "el acusado fue requerido personalmente sobre su cumplimiento y las consecuencias de no respetar dicha pena".
Desde esa fecha, el acusado abandonó el que había sido hasta entonces el domicilio común, donde siguió viviendo la joven junto con sus dos hijas menores, así como con el hermano del acusado y la pareja de éste.
El acusado, "aún conociendo la vigencia de esta pena de prohibición de aproximación y comunicación, mostrando un absoluto desprecio por la resolución judicial arriba mencionada, y sin aceptar la ruptura y que ella pudiera retomar su vida sentimental junto con otra persona, siguió manteniendo contacto con Cristina", según recoge el Ministerio Público.
En concreto, desde el día 30 de junio hasta el día 7 de julio de 2018, el acusado "realizó unas 78 llamadas de teléfono desde su número al de la víctima, la mayoría de cero segundos de duración por no haber obtenido respuesta". Asimismo, acudió al domicilio en múltiples ocasiones; entre otras, incluso, el día anterior a los hechos.
Como resume la Fiscalía, fue la mañana del sábado 7 de julio de 2018 cuando "el acusado decidió ir a casa de la víctima, llamándola a su teléfono móvil, llamada que ella no respondió. Acto seguido, se dirigió al domicilio, donde la víctima dormía junto con sus dos hijas menores".
28 LESIONES TRAS MÚLTIPLES NAVAJAZOS
Una vez allí, ésta le abrió la puerta y, "sin que conste que se produjera ninguna discusión entre ambos, el acusado, con la firme voluntad de acabar con su vida, de manera sorpresiva, la cogió por detrás y, con absoluta frialdad y desprecio hacia la vida humana, la atacó, propinándole múltiples navajazos", empleando para ello hasta tres cuchillos diferentes.
La Fiscalía califica de "cruel" la agresión que provocó hasta 28 lesiones a la joven. Tras la comisión de los hechos, "el acusado salió de la vivienda y se marchó en su coche, siendo detenido al día siguiente en el punto kilométrico 3,500 de la carretera HU-3401".
Ante esto, el pasado 10 de julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado en el seno de la presente causa. Dos días más tarde, el acusado fue examinado por dos médicos forenses, quienes informaron que el acusado presentaba dos lesiones "con una data compatible con la fecha de los hechos" y concluyeron que sus capacidades intelectivas y volitivas "se encontraban íntegras".
