El último Plan Urban al que se ha adherido el Ayuntamiento de Jaén expiró el pasado 31 de diciembre, pero los trabajadores van a seguir contratados por el Ayuntamiento merced a un decreto del alcalde, Javier Márquez, que evitó su despido casi in extremis.
La continuidad de los seis empleados del Urban (un gerente, una arquitecto y cuatro administrativos) ha provocado que afloren importantes disensiones internas en el seno del equipo de gobierno del PP. Dos informes del área de Personal, que dirige el concejal Miguel Contreras, habían puesto de manifiesto la necesidad de despedir a esos trabajadores puesto que la financiación de sus salarios se hacía a través de una subvención finalista a través de unos contratos de obra o servicio que ya habían expirado. El Ayuntamiento había remitido incluso en noviembre el preaviso de despido.
Sin embargo, la llegada a la Alcaldía de Javier Márquez ha dado un giro a esta situación. Márquez estimó la reclamación de los trabajadores en el sentido de que sus contratos estaban en situación de fraude de ley puesto que habían trabajado en otros servicios municipales al margen del Urban. Esta reclamación, y el temor a que los empleados ganasen en los tribunales el contencioso (con el sobrecoste para las arcas municipales) llevó al alcalde a desautorizar los informes del área de Personal y, a través de un decreto de Alcaldía, firmar la continuidad de estos empleados en la plantilla municipal. El Ayuntamiento tiene intención de solicitar una nueva Iniciativa Comunitaria Urban con la que financiaría de nuevo el personal de este personal, pero en caso de recibir una negativa se desconoce el procedimiento que el Ayuntamiento adoptaría para garantizar el pago de sus nóminas. Incluso no se descarta que el Consistorio tuviera que hacer frente a una modificación presupuestaria.
Con todo, fuentes de la oposición y de los sindicatos del Ayuntamiento han mostrado sus dudas sobre la legalidad del decreto firmado por el alcalde. No solo cuestionan que el alcalde haya desautorizado a su edil de Personal sin retirarle antes las competencias delegadas, sino que entienden que los contratos del Urban no se ajustan a los criterios de acceso a la función pública y se recuerda que su vigencia estaba en función de la duración del programa. Esta polémica también ha traído a colación el despido que el Ayuntamiento hizo en 2011, también por decreto, de los seis agentes de promoción de empleo, ALPES, pese a una sentencia del TSJA favorable a los trabajadores.
