Nuevo varapalo a las paupérrimas arcas del Ayuntamiento de Jaén. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto en el mandato del anterior alcalde, José Enrique Fernández de Moya, contra el convenio urbanístico impulsado en 2008 por la exregidora Carmen Peñalver en relación con el traslado del antiguo Campo Hípico de Jaén. Según informó ayer el letrado Salvador Martín Valdivia, el fallo del TSJA, que estima dos sentencias anteriores de Juzgados jienenses, obliga al Ayuntamiento de la capital a pagar 3,4 millones de euros a la constructora Fuconsa, que era propietaria de los terrenos elegidos para el traslado del Hípico, y otros 535.000 euros al Club Hípico como indemnización por tener que dejar su anterior emplazamiento y donde el Ayuntamiento había proyectado la construcción de un aparcamiento. A esas cantidades hay que sumar los intereses devengados desde el año 2011. La operación urbanística impulsada en 2008 por Carmen Peñalver supuso el traslado del Campo Hípico a unas nuevas instalaciones a las afueras de la ciudad. El gobierno de PSOE e IU planteó entonces construir el mayor aparcamiento de la ciudad sobre el antiguo Campo Hípico, junto al Parque de La Alameda. La operación pasaba por trasladar a los équidos a otro lugar e indemnizar al Club Hípico por marcharse de su histórico emplazamiento de La Alameda, donde estaba desde 1955. Finalmente , el Hípico se trasladó en el verano de 2009, pero tras la llegada del PP al gobierno, en 2011, la operación urbanística se truncó.
Fernández de Moya paralizó el convenio
El Ayuntamiento de Jaén se comprometió en su día a pagar al Club Hípico 535.347 euros (incluía una parcela municipal el SUNP-7, en Las Fuentezuelas). Sin embargo, la llegada a la Alcaldía de José Enrique Fernández de Moya paralizó el convenio y el Consistorio no pagó ni un solo euro. Tampoco hizo frente al convenio con la empresa propietaria de los terrenos de Cerro Molina ni tampoco al firmado con el Club Hípico. Y todo por entender que no tenía los informes técnicos preceptivos y discrepar de la consignación económica.