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Jerez

Cs pide una estrategia común desde la UE en favor del vino de Jerez

Alerta del impacto negativo que podría suponer para el sector el aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos

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  • Carlos Pérez, senador de Ciudadanos -

El senador de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz, Carlos Pérez, ha señalado que "el Gobierno de España debe trabajar con el resto de socios de la Unión Europea en una estrategia común para defender el sector vitivinícola", con el fin de "proteger la industria gaditana de una posible guerra del vino entre EEUU y la Unión Europea".

Según ha explicado Cs en una nota, Pérez ha registrado una pregunta a la mesa del Senado para conocer la valoración del Gobierno sobre el impacto negativo que podría suponer para el sector de la vitivinicultura de la provincia que la administración norteamericana pudiera aumentar los aranceles sobre los vinos del marco de Jerez.

Así, el senador ha preguntado si el Gobierno tiene previsto establecer un fondo de ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por una hipotética subida de tasas a la entrada de vinos del marco Jerez a EEUU.

"Entendemos además que la amenaza de subida de aranceles y pérdida de competitividad del sector, podría poner también en riesgo la tendencia alcista que año tras año experimenta el número de visitantes a La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez", ha incidido Carlos Pérez, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno de España y el resto de socios de la Unión marquen en una estrategia común para defender el sector.

En este sentido, Pérez ha recordado que diferentes agentes, como Fedejerez, la patronal bodeguera o el Consejo Regulador han mostrado ya su preocupación respecto a este asunto. "Por ejemplo las firmas integradas en la patronal bodeguera comercializan unos 80 millones de botellas de Vino de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar, Brandy de Jerez y Vinagre de Jerez, con una facturación de más de 400 millones de euros al año a precios exbodega", ha señalado Pérez, que ha destacado la importancia de proteger el sector vitivinícola, que genera empleo directo a unas 1.500 personas y a otros varios miles en industrias auxiliares.

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