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El jurado de la Audiencia se quedará sin espacio por obras

La Junta renuncia al traslado de la sede, ya que el local costaría 25.000 euros al mes

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  • La Sección algecireña de la Audiencia seguirá donde está, pero las reformas previstas serán más económicas. -
  • En la actualidad, están ejecutando la sala de vistas y dos despachos para juez y secretario
La sala destinada a las deliberaciones del jurado de la Sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz verá afectada su operatividad a consecuencia de la instalación del segundo juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el mismo edificio. Fuentes judiciales indicaron a EL FARO INFORMACIÓN que la sala donde trabajarán los funcionarios de este nuevo órgano judicial será precisamente ésta, incumpliendo la normativa existente, que otorga exclusividad a las estancias destinadas para esta función.

El propio delegado provincial de Justicia, Domingo Sánchez Rizo, reconocía a este diario que la Consejería de Justicia decidió finalmente renunciar al local ubicado en la Plaza Mayor, por el que pedían, según ha podido saber este diario, una cantidad en torno a los 25.000 euros mensuales. Hay que tener en cuenta que el local tiene una extensión de 1.600 metros cuadrados, comentaba el delegado. Como ya informó en su momento este diario, la idea era trasladar la Sección algecireña allí, junto con los dos juzgados de lo Contencioso y el de Menores, que actualmente ocupa dependencias en un edificio de la calle Muñoz Cobos, junto con el órgano especializado en Vigilancia Penitenciaria.

Esta alternativa surgió toda vez la Junta de Andalucía habría estimado imposible hacer frente al coste de las reformas que se habían planteado en el edificio actual de la Audiencia, en la avenida Virgen del Carmen. Finalmente, y según estas fuentes, el ente autonómico habría optado por una opción más económica, facilitando el uso compartido de la sala del jurado.

La pasada semana, dieron comienzo las obras del Juzgado de lo Contencioso número dos en un solar de la Sección Algecireña situado en la planta baja. Allí se habilitará una sala de vistas, y, separado por un tabique, un doble despacho. El primero acogerá a la juez responsable de este órgano judicial, que según confirmó a este diario el propio delegado provincial será la magistrada Carmen Marcel; mientras que el segundo será para el secretario.

La empresa encargada de la ejecución de estas obras es Construcciones Mengo SL. Actualmente, siete trabajadores se encuentran trabajando en la misma. Según indicaron desde la propia constructora, está previsto que las obras finalicen entre este mes y el próximo, para después dar paso a la instalación del mobiliario. Hay que recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos debe ponerse en marcha el próximo mes de diciembre, lo que ha contribuido a que se haya acometido precipitadamente a la reforma.

Lejanía
La decisión de dejar la Sección algecireña donde estaba parte de la misma motivación que su fallido traslado, y es que la prometida Ciudad de la Justicia para Algeciras se demorará indefinidamente. El propio delegado de Justicia, Domingo Sánchez Rizo, comunicaba en la primera de sus dos visitas a Algeciras que ésta no comenzará a funcionar, como mínimo, hasta dentro de seis años.

El pasado 3 de abril, desprendimientos en parte del techo de las oficinas donde trabaja el personal de la sección Penal de la Audiencia motivaron la realización de obras de reforma, lo que supuso el traslado temporal de los trabajadores. Éstos no pudieron volver a sus lugares habituales de trabajo hasta principios del pasado mes de julio.

Crisis
La precipitada habilitación de las dependencias de la Sección algecireña de la Audiencia Provincial para albergar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos por falta de dinero en las arcas de la Consejería de Justicia es una nueva muestra de la difícil situación económica por la que atraviesa el ente autonómico.
A este respecto, ya se han dado dos episodios recientes que dan idea de estos problemas.

Por un lado, la polémica abierta con el cese del servicio de taxi para la entrega de notificaciones y el traslado de jueces y fiscales, que obliga a los funcionarios a desplazarse a pie o en autobús, caso, este último, de que se utilice un bono; y, por otro, la renuncia de los depositarios judiciales a hacerse cargo de los vehículos intervenidos.

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