El Gobierno de Gibraltar ha pedido que se restaure el statu quo existente en las aguas limítrofes al Peñón antes de junio de 2009, o sea antes de la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. A criterio del Ejecutivo gibraltareño, “fue a partir de entonces cuando las autoridades españolas decidieron actuar dentro de estas aguas”.

Para el Gobierno del Peñón “regresar a la situación que se ha vivido durante décadas, es el único camino para seguir adelante y debería ser restaurada”, declaró el ministro principal, Peter Caruana.

Desde el Ejecutivo gibraltareño se asegura que “todo el mundo siempre ha sabido y comprendido que el Reino Unido y Gibraltar, por un lado y España por el otro, tienen diferentes posturas sobre estas aguas”. “Esto no es nada nuevo, siempre ha sido el caso, incluso antes de que España fuera una democracia y después durante todos los gobierno españoles, fueran del color que fueran”, señaló el Ejecutivo del Peñón, añadiendo que aunque España siempre ha mantenido su postura política sobre el asunto, “nunca ha buscado interferir ni minar la jurisdicción y control exclusivos de Gibraltar sobre esta agua”.

Destacó Caruana que “España nunca antes había actuado dentro de las aguas británicas territoriales de Gibraltar en base a su postura política”.

Aseguró el Gobierno local que Gibraltar “no está haciendo nada diferente a lo que ha venido haciendo durante muchas décadas, si no siglos”, por lo que “existen diferencias políticas y legales que deben ser abordadas”.
Concluye el Ejecutivo del Peñón declarando que “la postura española se basa en una interpretación insostenible del Tratado de Utrecht y en una mala interpretación de la ley internacional”.

Una vez más la administración gibraltareña se reitera en su postura de dejar que sean los tribunales internacionales los que decidan esta problemática. “Los que no aceptan esto no pueden pretender que otros simplemente acepten su postura porque ellos la crean adecuada”. El Gobierno de Gibraltar “desea un retorno al tradicional statu quo y que se estreche la colaboración entre las agencias de cumplimiento legal españolas y gibraltareñas en la lucha contra el crimen transfronterizo en todas las aguas de la región cercana”.

Posicionamiento
Por otra parte, el Gobierno de Gibraltar aseguró que la sugerencia del comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), Stavros Dimas, de que el Reino Unido y España deberían proponer un plan conjunto para el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar”, es “políticamente inaceptable, inapropiado en la práctica y legalmente imposible”.

Añadió el Gobierno del Peñón que  como reconoce el comisario, la directiva medioambiental de hábitats establece que las competencias y obligaciones deben ser de un Estado miembro. Para el Ejecutivo gibraltareño lo ideal sería que el Reino Unido contara ahora con su propio caso legal contra la última decisión de la Comisión Europea, que viene a reafirmar la original de diciembre de 2008 y que ha sido denunciada por el Gobierno del Peñón.

”Sólo las leyes de Gibraltar se aplican dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar. Ningún otro Estado miembro puede tener responsabilidades europeas dentro de esta agua”, señaló, para añadir que  la Directiva de Hábitats europea “no se aplica, ni debe cumplirse, ni será obligatoria dentro de las aguas británicas del Peñón y no formará parte del LIC designado por el Reino Unido a requerimiento de la administración local”.

Según el Ejecutivo del Peñón, las declaraciones de España pueden llevar a muchos a creer que “tienen libertad para ignorar la autoridad de las agencias gibraltareñas de cumplimiento de la ley dentro de estas aguas”. “Esto sería un serio error que podría desembocar en su persecución y arresto por parte de la policía gibraltareña, como ocurriría con cualquier ciudadano del Peñón que hiciera lo mismo”, añadió.

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, anunció que el 14 de enero de 2010, se dirigirá al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes en Londres, para tratar el asunto de las aguas territoriales británicas y su soberanía, jurisdicción y control.

Al respecto, Caruana señaló que la sugerencia de la Comisión Europea “es políticamente inaceptable, inapropiada e incompatible con la arquitectura legal de la UE. No es aceptable para el Reino Unido ni para Gibraltar ya que pretende de forma efectiva una soberanía conjunta de las aguas territoriales británicas de Gibraltar”.

Observador
Por su parte, el diputado nacional del Partido Popular (PP), José Ignacio Landaluce considera que el Gobierno debe seguir defendiendo el dictamen de la Unión Europea que, “de manera absolutamente lógica y sensata, otorgaba la gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Estrecho Oriental al propietario de esas aguas:  España”.

Por tanto, y en este mismo sentido, el diputado ha insistido en que la Unión Europea debe mostrarse exigente ante el Reino Unido para que éste cumpla sus compromisos y obligaciones con absoluto respeto a España, el mismo respeto que debe primar entre estados soberanos, y que el Reino Unido no está acatando.

Landaluce apuntó la posibilidad de que la Unión Europea envíe a las aguas de la Bahía de Algeciras observadores neutrales para que “comprueben la tensión que sólo el Reino Unido y Gibraltar mantienen en esta zona, una tensión que se traduce en constantes provocaciones que sufre España y sobre todo la Guardia Civil, que día sí y día no ven pisoteada su autoridad teniendo que acatar las órdenes de la Royal Navy o la Gibraltar Police instándola a salir de las aguas españolas que rodean el Peñón”.

El PP “está dispuesto a remitir a la Unión Europea los informes de los que dispone en relación a estas constantes provocaciones que protagoniza el Reino Unido a través de Gibraltar, y el Gobierno de España debería hacer lo propio, ya que la labor de la Guardia Civil se limita, según las instrucciones recibidas desde altas instancias, a documentar los términos en los que se produce cada expulsión”.

El diputado se ha referido a la cuestión meramente medioambiental que rodea la declaración de LIC.  En este sentido,  Landaluce ha recordado que el PP “siempre ha defendido la instauración de un mando único, por supuesto español, que permita coordinar actuaciones conjuntas en el control, vigilancia y cuidado del medio ambiente, actuaciones conjuntas que en modo alguno suponen que España vaya a renunciar a sus derechos centenarios sobre las aguas que rodean Gibraltar”.

Por último, se refirió a “la salida de tono de Gibraltar culpando a la ampliación del Puerto de Algeciras de los daños causados por el temporal en muelles de la colonia británica, cuando el Gobierno del Peñón realiza rellenos de los que desconocemos siquiera si cuentan con los pertinentes estudios medioambientales para saber su incidencia en el fondo marino y en la batimetría de esta zona”.