La Guardia Civil ha detenido en Baleares a 12 personas responsables de un entramado de 55 empresas fantasma que había conseguido defraudar cerca de 10 millones de euros que, entre otras actividades, vendían contratos ficticios a extranjeros sin papeles que querían regularizar su situación en España.

Según ha informado el instituto armado, los detenidos en la operación ARCO había defraudado hasta el momento más de cuatro millones de euros a la Hacienda Pública, otros tantos a la Seguridad Social y cerca de setecientos mil euros a proveedores impagados.

La red se dedicaba a la compra de sociedades en precaria situación económica o de total insolvencia, colocando al frente a terceras personas generalmente también insolventes, con el fin de dificultar o impedir el cobro de las deudas que pudieran ser reclamadas por los organismos oficiales o por los acreedores.

De esta forma, los detenidos llegaron a crear un entramado empresarial de más de 55 sociedades, con la que elaboraban y vendían contratos y precontratos de trabajo ficticios a personas, generalmente extranjeras, que los necesitaban para poder regularizar su situación.

El entramado empresarial cobraba a los extranjeros indocumentados una cantidad que oscilaba entre los 200 y los 1.500 euros, en función del trámite que necesitaran, ya fuera el permiso inicial, la renovación o el permiso especial por arraigo.

Otra de las actividades de la red consistía en dar de alta de forma masiva en la Seguridad Social a supuestos trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, sin ingresar las cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social.

De esta forma, los supuestos trabajadores, que pueden ser más de trescientos, se beneficiaban de prestaciones y subsidios.

Por estos trámites, la organización recibía de los supuestos trabajadores los importes mensuales correspondientes a las cotizaciones que debían ser ingresadas en la Seguridad Social, ascendiendo lo defraudado a cerca de 4,5 millones de euros.

De igual manera, los detenidos emitían facturas falsas que generaban obligaciones tributarias, no realizando el pago de las mismas, ascendiendo el fraude por este concepto a más de 4,3 millones de euros.

Otra de las actividades delictivas consistía en la venta de propiedades de las sociedades 'fantasma', como vehículos, camiones o material de construcción, evitando de este modo, cualquier posibilidad de embargo. Igualmente, a través de algunas de estas sociedades, adquirían material informático o mobiliario que después no pagaban, revendiendo en ocasiones el material.