Juan José Alemán Galán, socio del despacho Horizonte Abogados, defendiendo los intereses de una Comunidad de Propietarios de Barbate, señala que el 19 de junio 2024 presentó ante el Juzgado de Guardia de Barbate, una denuncia contra el alcalde, Miguel Molina Chamorro, y dos de sus concejales,  por la presunta comisión de un delito de prevaricación por omisión, supuestamente por la inacción y pasividad de estos en un asunto de contaminación acústica (ruidos) que los vecinos llevan denunciando desde el año 2019.

Nos explica el letrado que “la denuncia fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate mediante Auto dictado el 17 de octubre de 2024 incoando Diligencias Previas y calificando como investigados al alcalde, Miguel Molina, al por entonces concejal de Urbanismo y Disciplina Urbanística, Luis Caro Alvarado y la concejala de Medioambiente, Desarrollo Sostenible y Economía Azul, Gema Rivera Barroso.

Podrían haber dos personas más investigadas, al parecer dueños de establecimientos de ocio, aunque el delito de prevaricación por omisión, sólo puede cometerlo un funcionario público o autoridad.

“El auto les obliga como investigados a declarar ante Su Señoría este próximo 20 de febrero”, explica Juan José Alemán añadiendo “que denunciamos estos hechos basados en las pruebas aportadas, y el Juzgado ha considerado que son suficientemente indiciarias de un presunto delito, ya que desde el año 2019 hasta junio de 2024 se habían presentado, por los vecinos de la Comunidad denunciante, más de veinte denuncias”.  A pesar de ello y “frente a estas denuncias presentadas ante la Policía Local y dirigidas al alcalde, presuntamente, las autoridades, no han hecho absolutamente nada”.

Al respecto, en el auto mencionado, el juez libra oficio al Ayuntamiento “…a fin de que informen sobre las actuaciones realizadas en relación con los problemas acústicos denunciados durante los últimos 5 años…”.

Según el abogado “hasta hoy el Ayuntamiento no ha aportado a la instrucción ni una sola medida que haya tomado respecto a las denuncias de los vecinos que son ciudadanos de Barbate que pagan sus impuestos y que sufren la impotencia de una Administración ineficaz”.

El abogado quiere destacar “que le ha sorprendido gratamente por su profesionalidad, el hecho de que la Policía Local de Barbate haya aportado a la instrucción más de treinta folios con todas las acciones y actuaciones llevadas a cabo, así como las comunicaciones y traslado  del grave problema al acalde”, al tiempo que matiza el letrado que la documentación aportada “fundamenta los indicios de presunción delictiva del alcalde ya que sustentan la pasividad durante todos estos años aun siendo perfecto conocedor de las lesiones y el daño que estaban provocando estos ruidos  a los vecinos que, desesperados ante tanta inoperancia pública, han decidido acudir al auxilio judicial pese a las consecuencias económicas y desgaste psicológico que ello conlleva”.  

Según consta en los informes aportados al Juzgado por la Policía Local “la Jefatura le remitía informes al alcalde para que solicitara la revisión de sonidos en los establecimientos de ocio cercanos a dicha comunidad sin embargo hacía caso omiso mermando así el derecho al descanso e inviolabilidad del domicilio de los vecinos afectados”.

Las denuncias presentadas se basaban en un presunto delito contra el Medio Ambiente por contaminación acústica (ruidos), “lo único que quieren los vecinos es que se cumplan las ordenanzas sobre ruido, que se les haga caso de una vez por todas, y que se respete el derecho al descanso ya que esta situación les está afectando a su salud, sobremanera a vecinos y vecinas muy mayores, algunas muy enfermas que viven cómo, por mor de esta situación, su enfermedad se está viendo agravada”.

Estos ruidos aumentan en temporada alta, sobre todo en primavera, verano, fiestas navideñas…, donde se superan con creces los decibelios (dB) permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la normativa europea, estatal, autonómica y local.  Además, se produce a altas horas de la madrugada sobre todo los jueves, viernes, sábados… en la propia puerta de sus casas… conciertos, música elevadísima, ruido de personas…”.

Respecto al ruido, “algunas mediciones realizadas por una empresa especializada contratada por la Comunidad de Propietarios denunciante alcanzaban los 86 dB y eso que, tal y como se señala en la denuncia, a partir de los 75 dB el ruido puede causar daños crónicos”.

Por otro lado, “la Organización mundial de la Salud (OMS) considera que la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedad por motivos ambientales, tan solo por detrás de la calidad del aire y recomienda que los límites máximos sean en el exterior de 53 dB de día y 45 dB noche y en el dormitorio un máximo que oscile entre 25 a 30 dB”.  

Desde un punto de visto jurídico “podemos considerar que la Ordenanza Municipal está bien redactada y es muy clara a pesar de su antigüedad (año 2001),  por lo que no se entiende por qué no se cumple, ya que indica que corresponde al Ayuntamiento velar por el cumplimiento de la misma, ejerciendo la potestad sancionadora, la vigilancia y control de su aplicación, así como la adopción de las medidas cautelares legalmente establecidas”, al tiempo que refleja que “toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación pública o privada de las enumeradas en el artículo 2 que, incumpliendo las normas acústicas establecidas en la presente Ordenanza implique molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza” señala el letrado.

También comenta que las actividades de ocio repercuten en un beneficio para Barbate y a las cuales esta comunidad de propietarios no se opone en absoluto, si bien considera que “deben realizarse de una forma ordenada y controlada, como ocurre en otros municipios aledaños, sin molestar ni causar perjuicios a los vecinos o turistas que sólo quieren descansar y vivir tranquilamente en sus domicilios sin que éstos sean violados constantemente por la contaminación acústica”.

Por todo ello, el próximo 20 de febrero, a las doce del mediodía, están citados a declarar en el Juzgado el alcalde, dos de sus Concejales y el resto de investigados.

Respuesta del Ayuntamiento

El alcalde Miguel Molina responde a la denuncia presentada por “la Comunidad de Propietarios” de una zona del Paseo Marítimo respecto a   los problemas acústicos presuntamente provocados por dos negocios de la zona. El edil señala que “durante los últimos cinco años, desde 2019, se han realizado numerosas inspecciones a estos establecimientos, habiendo sido advertidos en varias ocasiones por el Ayuntamiento”.

En este sentido, “las visitas de los agentes de la Policía Local, efectuadas a instancias de los servicios competentes, han sido debidamente notificadas a los titulares, quienes han tenido pleno conocimiento de las presuntas infracciones cometidas.No obstante, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que dichos locales cesen cualquier actividad no permitida, en caso de que estas irregularidades sean debidamente acreditadas”.

Asimismo,” se revisarán los expedientes de apertura de estos establecimientos con el fin de verificar la existencia de posibles irregularidades que pudieran ser objeto de sanción. En su caso, se analizará si los locales debieron haber sido precintados por la Policía Local tras comprobarse la falta de licencia de apertura”.

Por último, desde “esta Alcaldía se rechaza cualquier responsabilidad respecto a los hechos denunciados, los cuales están siendo sometidos a una investigación interna con los efectos legales correspondientes”.