Concejala en el Ayuntamiento de Chiclana entre 2003 y 2008 y secretaria general del PP provincial de Cádiz con José Loaiza como presidente, Teresa Ruiz-Sillero despuntó en el Parlamento entre 2008 y 2018 como miembro de las comisiones de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), el presunto fraude de los cursos de formación y la la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Desde 2019, aprieta las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez en el Senado por designación autonómica. Recientemente nombrada vocal de la Comisión Nacional de Transparencia, advierte de que el PSOE “ha hecho de la mentira una forma de gobernar” y, en materia laboral, el otro frente en el que batalla, expresa su temor por el cierre de Airbus y que los autónomos sufran un hachazo fiscal en plena crisis.
El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, se lamentaba en páginas de INFORMACIÓN hace una semana del colapso vivido en el Ministerio de Sanidad por la solicitud de información. ¿Hay que poner límites a la transparencia?
–No, ese no es el espíritu de la ley. La transparencia ha venido para implantarse en la administración y en el funcionamiento de toda la gestión, principalmente en la gestión de los fondos públicos. Tenemos que concienciarnos que la transparencia es un esfuerzo de todos, ciudadanos y administración, y que va ligada al buen gobierno con la rendición de cuentas.
El secretario de Estado consideraba que la gente debía saber que la mayoría de las preguntas no las hacen ciudadanos de buena fe y apuntaba a políticos y medios de comunicación.
–Creo que el secretario de Estado ha sido un poco osado al calificar unas preguntas de buena o mala fe. El Ciudadano es libre para preguntar lo que estime conveniente y los únicos límites para acceder a la información son los que establece la ley. Creo, con todos los respetos, que el secretario de Estado se ha extralimitado en sus palabras y espero que de esto no se deduzca que el Gobierno va a intentar limitar de alguna manera el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Derecho que tienen los periodistas de manera, se puede decir, cualificada porque luego transmiten a la ciudadanía esa información. No se puede poner impedimentos.
Aunque los está denunciando. ¿Sigue sin contar con toda la información sobre las vacaciones del presidente del Gobierno y sus viajes en Falcon?
–Esta semana he registrado las últimas preguntas en relación a las vacaciones del presidente del Gobierno. Fueron especialmente controvertidas porque en medio de la pandemia, con personas muriéndose y con el personal sanitario trabajando sin descanso, con muchísimas personas en desempleo y en las colas del hambre, a Pedro Sánchez no se le ocurre otra cosa que llevar a una docena de amigos al Palacio de Doñana. Sus vacaciones las pagamos todos, incluidos los que estaban en paro o los sanitarios que daban su vida por salvar otras. Hay que rendir cuentas de la gestión de ese dinero público. Nadie ha hecho ninguna crítica con las vacaciones de otros presidentes, del PSOE y del PP, porque se han hecho con mesura, pero Pedro Sánchez no tiene esa prudencia y se llevó a una docena de amigos, muchos de elos también altos cargos del Gobierno colocados por él mismo. El otro tema es el costo de sus viajes en Falcon, ahora que pretende obligarnos a todos a viajar en tren en trayectos menores de dos horas y media pese a que utiliza el avión o el helicóptero, como recientemente, para hacer ir a Toledo desde Madrid. Llevo un año con los dos temas.
Hemos logrado que el ministro Escrivá retire la subida de cotizaciones a los autónomos”
El PP ha pedido que el Gobierno comparzca en el Congreso cuando niegue información alegando seguridad nacional, como en estos casos.
–La propuesta no se ha debatido todavía y veremos porque el PSOE ejerce una presión muy fuerte sobre sus socios, que luego revierte contra el Gobierno. Algunas inicativas no salen por un voto de ERC, que pasa la factura. Esperemos que esta sí porque no se puede poner como coletilla la cuestión de seguridad nacional, hay que justificarlo. En el caso de los vuelos y las vacaciones, son hechos que ya han pasado y que se conocen, son públicos, no afectan a la seguridad nacional.
¿Ha existido transparencia en la gestión de la crisis sanitaria?
–Ahí es cuando la ciudadanía se ha dado cuenta de que la transparencia es uno de los puntos débiles de este Gobierno. El primer aviso se dio cuando se suspendió el Portal de Transparencia: se podían presentar preguntas, pero se suspendieron los plazos. Por lo tanto, se impidió que se pudieran conocer los recursos económicos que se estaban utilizando para la compra de material necesario durante el estado de alarma y conocer las empresas a las que se les había adjudicado los contratos, empresas que en algunos casos no entregaron los productos o entregaron productos que no cumplían con los requisitos de calidad exigibles. También se ha visto que Pedro Sánchez ha hecho de la mentira una manera de gobernar.
¿El Consejo Nacional de Transparencia evalúa al resto de administraciones?
–Casi todas las comunidades tienen su propia Ley de Transparecia. Las que no han desarrollado legislación propia pueden firmar un convenio de colaboración. Lo que sí ha hecho esta semana, en su sesión de constitución el Consejo Nacional de Transparencia, es un informe muy interesante de la evaluación de la transparencia de los órganos constitucionales.
El PSOE tiene un doble discurso con Airbus, no sé si por las primarias y las disidencias con el Gobierno”
¿Alguna destacable?
–Se ha detectado que no se cumplía la Ley de Transparencia en la Fiscalía General del Estado y el Consejo Económico y Social. Pero se están subsanando las carencias.
Entre sus responsabilidades en el Senado, se encuentra el empleo. Esta semana, la moción en defensa de Airbus ha copado el protagonismo.
–Ese debate lo llevé yo y la postura del PP ha quedado claro tanto en el Senado como en la intervención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Congreso del PP de Cádiz, con su compromiso de que no se pierda ningún puesto de trabajo, incluye, por supuesto, la planta de Puerto Real. En el debate del Senado no participó ningún senador del PSOE de Cádiz a pesar de que alguno estaba presente porque forma parte de la Comisión de Industria. Lo que se ha visto es que el PSOE tiene un doble discurso, porque en el Parlamento de Andalucía votó que no se cerrara la planta de Puerto Real y en Senado fue en la línea contraria. No sé si esto tendrá que ver con las propias disidencias dentro del partido, con esa pugna que hay ahora mismo con la fase congresual y con el Gobierno de España. Este martes, la Comisión de Hacienda debatirá una iniciativa similar y, aunque no pertenezco a ella, estaré defendiendo los intereses de la provincia.
Esta semana también ha conseguido sacar adelante una moción en defensa de los autónomos.
–Ha sido un gran éxito del PP. Llegamos a un acuerdo con el PSOE para aprobar una moción que, en definitiva, lo que pedía es que el Gobierno negociara con los agentes sociales, con las asociaciones representativas de los autónomos, la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos conforme al punto cuatro del Pacto de Toledo. Lo ocurrido es que el ministro Escrivá presentó de manera unilateral una famosa tabla con trece escalas que iban a entrar en vigor en 2022 con una subida de las cotizaciones sin ningún tipo de negociación y pese a estar inmersos en una crisis mundial donde aún hoy hay muchísimos trabajadores por cuenta propia están cobrando la prestación por ceses de actividad. No se puede meter un hachazo en los ingresos de los autónomos. Hemos logrado que el ministro Escrivá retire esa tabla el mismo día que se debatía la moción, a la que Vox se abstuvo porque no está comprometido con el diálogo social.
El PP va a controlar los fondos europeos porque hay sospechas tras las ayudas dadas a Plus Ultra”
Las ayudas para los autónomos, ¿llegan tarde?
–Claro, el Gobierno presenta muchas veces propuestas que finalmente no se llevan a término. Ahí está siempre la reclamación tanto de las organizaciones representativas de los autónomos como el control exhaustivo que estamos haciendo al respecto el PP.
¿Qué papel juegan las políticas activas de empleo para la recuperación económica?
–Las políticas activas de empleo son competencias autonómicas porque se cedieron. Pero la primera moción que conseguí que se aprobara en el Senado fue en la Comisión de Trabajo para recuperar el presupuesto para las políticas activas que suprimió el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con motivo de la crisis económica en el año 2020 para las comunidades autónomas. Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía, afortunadamente, con muy buen criterio, está reactivándolas y está funcionando la formación profesional para el empleo que tenía paralizada desde hace tanto tiempo el PSOE.
Los fondos europeos son clave. El PP ha expresado su temor por falta de transparencia en su gestión por parte del Gobierno.
–El PP ha puesto ya en marcha un equipo, por decisión de Pablo Casado, encargado de controlar la gestión que haga el Gobierno de esos fondos europeos porque con los antecedentes de gestión del PSOE hay que llevar a cabo ese control. Puedo poner de ejemplo las ayudas sobre las que se están escribiendo ríos de tinta, y sobre las que estamos haciendo muchísimas preguntas de control tanto en el Congreso y en el Senado, por valor de 53 millones de euros concedidas por el Mnisterio de Fomendo a la compañía aérea Plus Ultra sin garantía de que se devuelva. Se ha descubierto hasta ahora falta de control porque el Gobierno decidió que todos los fondos que llegarna de Europa se iban a controlar a través de la Comisión Mixta de la UE, a la que pertenezco, y no han traído nada al respecto. Hay bastantes sospechas y falta de claridad porque, en el caso de Plus Ultra, el Gobierno se ha negado incluso a entregar el expediente de esas ayudas y los informes que avalaban las mismas.
