El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Granada, José Antonio Aparicio, ha trasladado este miércoles su "preocupación ante la situación a la que se verán sometidas las empresas energéticas de la provincia" con la entrada en vigor el próximo mes de enero del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, un nuevo marco "que tiene un único afán recaudatorio y que provocará la asfixia" económica de las instalaciones de la provincia.

   Según ha informado el delegado, el Proyecto de Ley aprobado por el Senado la semana pasada contempla un impuesto homogéneo del 7 por ciento para los ingresos por generación eléctrica, tasas sobre la producción y almacenamiento de residuos nucleares, un tributo para el consumo de gas natural, fuel oil y gasóleo (ya sea directo o para generación eléctrica) y un canon a la generación de hidroeléctrica, al tiempo que elimina la prima a la energía producida por la utilización de un combustible fósil cuando en la generación se utilicen fuentes no consumibles.

   "Para una provincia como Granada, en la que las energías renovables sostienen más de 100 empresas y más de 3.500 puestos de trabajo, esta Ley es una verdadera amenaza" ya que "lejos de incentivar las energías renovables, las penaliza y asfixia a las empresas del sector, a base de más impuestos, y a los ciudadanos que verán aumentadas sus facturas cuando las suministradoras y productoras repercutan en ellas las nuevas tasas estatales".

   Aparicio ha recordado que en Granada existen en la actualidad numerosos proyectos en funcionamiento cuya rentabilidad se verá afectada directamente por la reforma energética aprobada por el Gobierno central, ley que pone en riesgo la viabilidad de 1.049 instalaciones de la provincia que emplean a 462 trabajadores.

   Granada se caracteriza por tener un parque de producción de energía eléctrica basada en las energías renovables con una potencia de 690 MW, multiplicándose por cuatro la potencia renovable desde 2007. La provincia es líder en Andalucía en el uso térmico de la biomasa y cuenta con 24 centrales de energía hidráulica, además de tener en funcionamiento desde 2008 en Aldeire la primera planta comercial del mundo que dispone de almacenamiento térmico que le permite operar incluso durante la noche.

PROYECTOS EN EL AIRE

   En opinión del delegado, la reforma energética "viene a empeorar la situación en la que el Estado dejó a las empresas del sector el pasado enero, cuando paralizó los incentivos" a los proyectos de producción de electricidad y cogeneraciones que utilizan tecnologías renovables y que ya habían sido priorizados previamente por la Junta de Andalucía. Esta paralización dejó "en el aire 54 instalaciones, cuya tramitación se encuentra bloqueada desde entonces, y una inversión de 2.068 millones de euros", proyectos que contemplaban a su vez la creación de un total de 6.445 puestos de trabajo.

   "Esta situación es más grave si tenemos en cuenta que las instalaciones estaban previstas en comarcas que necesitan con urgencia nuevos proyectos que contribuyan a su recuperación económica y a la creación de empleo", siendo las más perjudicadas las de Baza, Montes Orientales, Valle de Lecrín o Guadix.

   El delegado ha lamentado que el bloqueo de los incentivos "ya haya provocado que alguno de los promotores de estos proyectos presente la renuncia y otra media docena hayan pedido la devolución del aval", paso previo a la renuncia formal de los mismos.