El Ayuntamiento de Granada se ha mostrado "satisfecho" con el ritmo de las negociaciones abiertas con la Junta para que le abone las deudas pendientes, en las que el Gobierno andaluz ya ha reconocido una "cantidad importante" del montante que le reclama el Consistorio, que asciende a unos 15 millones de euros.
El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, ha explicado a Europa Press que la comisión técnica creada al efecto volverá reunirse el próximo 2 de diciembre para seguir trabajando sobre los expedientes presentados por el Ayuntamiento, unos 3.000, los cuales están siendo revisados "uno por uno" de cara a fijar la cuantía exacta que el Gobierno autonómico deberá abonar a las arcas municipales.
Ledesma ha explicado que se trata de un trabajo arduo, a tenor del alto número de expedientes sobre los que se trabaja, pero opina que ambas administraciones "están en el camino" de llegar a un acuerdo y ha confiado en que el asunto "no se dilate", de modo que, una vez que el Gobierno andaluz reconozca la deuda, se proceda a ejecutar los pagos.
En este sentido, el edil ha visto con buenos ojos la posibilidad de fijar un calendario de pagos para que el dinero sea abonado gradualmente, al mostrarse consciente de la "complicada" situación económica que atraviesan las administraciones.
El reinicio de las negociaciones se ha producido después de que la gestión de la deuda por parte del Gobierno andaluz acabara en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada, que detectó un "abuso de derecho" por parte de la Junta, a la que acusó de "vulnerar la confianza legítima" entre administraciones.
El problema surgió a raíz de que, en verano de 2012, el Ayuntamiento de Granada entregara al Gobierno andaluz un documento "no formal" donde se detallaba el montante pendiente de abono y, aunque según el edil esto se hizo en el transcurso de una reunión institucional cuyo objetivo era acercar posturas, los responsables provinciales de la Junta lo registraron de manera oficial.
En una resolución posterior, la Junta desestimó la petición municipal por considerar que existían deudas que no estaban suficientemente documentadas y el Consistorio lo recurrió.
Finalmente, el Juzgado anuló la resolución del Gobierno andaluz condenándole al pago de las costas procesales.
